Las principales amenaza que penden sobre el trabajo de los jueces, sobre su independencia y su ecuanimidad, son los juicios paralelos que se llevan a cabo fuera de los estrados judiciales, sin control de ninguna naturaleza, y las presiones mediáticas que se derivan de aquellos juicios «populares».
Lo último que se puede esperar de un servicio de prensa que se encarga de dar difusión pública a las resoluciones de los tribunales es que, en lugar de transmitir las opiniones de los jueces, se dediquen a avivar la hoguera mediática con datos e informaciones que no provienen de los magistrados, ni de los abogados, sino de los testigos que acuden a declarar a un juicio.
Los únicos sujetos legitimados para valorar la credibilidad de las afirmaciones de un testigo son los miembros de un tribunal, y este debe sujetar su actividad valorativa a unas reglas determinadas, entre las que no se cuenta la atención que puedan merecer las opiniones de gente que se entera por los diarios de lo que los testigos han dicho.
Si ya es discutible la inyección de datos provisionales y no contrastados por parte de periodistas y medios privados que asisten a los juicios, mucho más discutible es que esta actitud sea fomentada por la propia comunicación oficial del Poder Judicial, que por muchas razones -la primera, el respeto a la presunción de inocencia- debería abstenerse de difundir cierta clase de información que sale a la luz en unos procesos en los que los magistrados todavía no han hablado.
Por ejemplo, enterarse por el servicio oficial de Prensa del Poder Judicial de que un testigo ha dicho que el acusado Condorí estaba «metejoneado» con la víctima, en nada favorece la tarea de los magistrados que tienen que valorar la prueba, ni tampoco le hace un especial favor a la información pública.
Antes al contrario, la difusión de un detalle que solo interesa a los fiscales y a los abogados de las partes fomenta la intromisión de personas no especializadas en la marcha del proceso, con el consecuente riesgo de que ni la víctima ni el acusado reciban la justicia que se merecen y que los magistrados equivoquen su decisión.