Invariablemente, la comunicación intenta en casos como estos exacerbar las aristas más desagradables de los sucesos, de modo que cuando hay fallecidos y los presuntos responsables de los hechos son llevados a juicio, en vez de responder por un delito de homicidio culposo, son acusados -mediáticamente- de «tragedias viales».
Algo parecido, pero no idéntico, sucede con los aumentos de tarifas, que son, en una enorme mayoría de casos, inevitables en cualquier economía de mercado.
Por debajo del escándalo mediático que se produce cada vez que alguien (una autoridad pública o un agente privado) resuelve aumentar los precios de bienes o servicios de consumo masivo, la prensa local, en vez de destacar el hecho del aumento en sí, acostumbra a calificar a la decisión como «un golpe al bolsillo».
Es evidente que cualquier aumento produce el efecto instantáneo de una disminución del poder de compra de los consumidores. Pero, por muy desagradables que sean estos aumentos, no constituyen una anomalía en el contexto de una economía con un alto índice inflacionario.
Lo que se debe tener en cuenta es que la inflación no solo provoca -en condiciones normales- un aumento de los precios de los bienes de consumo, sino también el aumento de los salarios de las personas que necesitan comprarlos. Que los salarios aumenten menos que los bienes de consumo no quiere decir que los primeros no aumenten en absoluto. De modo que lo de «golpes al bolsillo» es más bien una metáfora.
Los aumentos salariales, que se producen de forma algo más silenciosa, no son objeto de tratamiento por la prensa, sino de forma ocasional. Cuando se producen estos aumentos (algunos de forma bárbara e insolidaria) los medios de comunicación -cuando se refieren a ellos- no hablan de «caricias al bolsillo» sino simplemente de «aumentos».
El titular de los «golpes al bolsillo» busca un efecto populista inmediato, que generalmente consigue, porque a los pocos minutos de leerlo, la persona que se entera del aumento ve su futuro negro, aunque no lo esté, aunque sepa que a finales de mes su salario va a recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Por supuesto, hay muchas personas que no tienen trabajo y que no viven de las rentas -generalmente magras- que el trabajo asalariado proporciona. Otras dependen de los subsidios que concede el gobierno, que por lo general aumentan más rápido que los salarios (aunque no en la cuantía deseada) que se pagan en el sector privado de la economía, puesto que no requieren para su ajuste una negociación entre patrones y obreros.
Cuando es el gobierno el que aumenta los precios (pongamos por caso el de las llamadas «garrafas sociales») es del caso suponer que no lo hace para aplicar un hachazo a las finanzas de las familias más pobres (que son las que consumen ese gas) sino porque producir el combustible se ha hecho más caro y el gobierno no puede subsidiar más su precio de lo que lo viene haciendo. La idea de que hay alguien muy malo que disfruta y se pela de risa cada vez que decide aumentar los precios de un bien o un servicio necesario es más propia de la fantasía que de la realidad.
Para las familias afectadas, el aumento es sin dudas una mala noticia (en algunos casos, muy mala), pero solo la comunicación sesgada, la que pretende instalar la sensación de caos en la economía, es capaz de hablar de «un golpe al bolsillo».
Hay formas y formas de maltratar a los lectores de los medios de comunicación y a los consumidores más vulnerables; pero de entre aquellas, la más perversa consiste en anunciar el apocalipsis sin que este se haya aún producido. Si de veras queremos respetar a los que leen las noticias y a los que viven sumidos en la pobreza, mejor siempre es hablar de «aumentos» y no de «golpes al bolsillo».