Es sumamente dudoso que el viaje a España de Juan Manuel Urtubey, su esposa y un grupo de familiares, sea, como dicen varios medios de comunicación de la ciudad de Salta, un viaje «oficial». Todo indica que se trata de un viaje puramente privado, por más que el gobierno provincial, en una desesperada maniobra, haya intentado en las últimas horas justificarlo y venderlo como «oficial», por el solo hecho de que el Gobernador va a pronunciar una conferencia en una universidad de Madrid.
Lo primero que desmiente todo carácter oficial del viaje es que, antes de que se concretara el mismo, el Gobernador de Salta no recibió invitación de ningún organismo o autoridad pública del país que visita. La Universidad Camilo José Cela -un respetable centro de enseñanza- es una universidad privada, como privado es el centro adscrito a ella que patrocina su visita.
Lo segundo es que, sin invitación o con ella, ninguna autoridad pública ha comunicado la presencia en España del gobernador Urtubey, a título de tal.
Lo tercero es que, desde el punto de vista de la autoridad que el Gobernador ejerce, solo pueden ser consideradas «oficiales», en el más estricto sentido de la palabra, las actividades que realiza al amparo de las facultades reconocidas en el artículo 144 de la Constitución de Salta, y otras previstas puntualmente en las leyes.
Por ejemplo, es una actividad oficial indudable la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, o la firma de los decretos que requiere el despacho diario de los asuntos del Estado.
Es decir, que aunque el Gobernador intente revestir de carácter oficial a una actividad suya, y lo haga por decreto, este instrumento, por su alcance y por la forma particular de su elaboración, resulta insuficiente para atribuir carácter oficial a cualquier actividad del Gobernador que no se encuentre prevista en las normas constitucionales y legales vigentes.
Desde este punto de vista, no son oficiales -a pesar de que pudieran tener trascendencia pública- las actividades que realiza el Gobernador como presidente del Partido Justicialista de Salta, como hincha de Juventud Antoniana, como directivo del Top Race, como bailarín aficionado o como cofrade de la Virgen de las Lágrimas.
Tampoco lo son, desde luego, las actividades relacionadas con la promoción de su imagen, las proselitistas o, incluso las actividades docentes, excepto quizá aquellas que pudiere desarrollar en centros de enseñanza de carácter público.
Por supuesto, no tienen carácter oficial aquellas actividades que son de naturaleza privada pero que son sufragadas con fondos públicos. Es decir que no es la titularidad o la procedencia del dinero lo que califica a la actividad, sino la propia naturaleza de esta última.
Todo lo anterior confirma que el desplazamiento a España del Gobernador de Salta, de su mujer y de su séquito de acompañantes, dista mucho de ser una actividad oficial, al menos como se entiende esta expresión en la práctica institucional de los países occidentales. En este caso, no es oficial ni del Estado salteño ni del Estado español.
Lo cual no quita de que, tratándose de un viaje puramente privado, o incluso de placer, todo aquello que el Gobernador haga o deje de hacer fuera del lugar en donde debe realizar su trabajo carezca de interés para los ciudadanos que le han hecho el encargo de gobernar la Provincia.
Al contrario, los ciudadanos tienen derecho a estar informados de las actividades del Gobernador, excepto aquellas que forman parte de su intimidad personal o familiar. Pero el viaje en sí mismo, su destino y su duración constituyen un mínimo informativo imprescindible que no se puede omitir ni ocultar ni con la excusa del carácter particular o privado del viaje.
Solo los gobernantes con inequívocas inclinaciones totalitarias consideran «oficial» hasta el más insignificante de sus actos fisiológicos.