Uno de esos proyectos prorroga la Ley de Emergencia que implica una amplísima delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo. Una vez más el Congreso resignará su lugar institucional en favor de una peligrosa concentración de poder en la Presidencia. El segundo proyecto es el que establece una amplísima moratoria y auspicia un blanqueo de capitales sin precedentes. De aprobarse sin cambios, la norma generaría claros incentivos para el lavado de dinero y terminaría con miles de investigaciones judiciales vinculadas no sólo con casos de evasión impositiva, sino con maniobras encaminadas a blanquear o justificar el dinero presuntamente empleado en el pago de coimas y retornos en contratos de obra pública, como el caso Skanska.
La responsabilidad de los legisladores en la lucha contra la corrupción no se agota cuando discuten la ratificación de los convenios internacionales, una ley de ética pública o la creación de una oficina anticorrupción. Cualquier proyecto de ley debería analizarse a la luz de sus consecuencias en materia de corrupción.
El Congreso enfrenta un verdadero desafío. Ahora se verá si los legisladores están dispuestos a poner límites a la corrupción, o si, por el contrario, con la excusa de la crisis económica mundial, están dispuestos a votar una amnistía general que tienda un manto de impunidad para cubrir la corrupción.
Todas las alertas sociales se han activado al unísono: los jueces, los fiscales, el ex responsable de la AFIP, los tributaristas, la sociedad civil han advertido el riesgo que implica aprobar el proyecto tal cual como lo envío la Presidenta. Los legisladores que voten a favor no podrán decir después que desconocían las consecuencias.