
Lo primero que llama la atención es la cantidad de policías (350) que el gobierno afirma haber desplegado para «cuidar de la seguridad» del entorno de la Catedral.
La cantidad es exagerada e inconveniente, por cuanto el despliegue se produce en medio de una muy intensa campaña del gobierno (y también de la Iglesia) para que los fieles permanezcan en sus casas y no se les ocurra acercarse al templo a rezar la Novena.
350 policías es más bien un mensaje disuasorio de los que acostumbra a mandar el gobierno, que piensa que mientras más uniformados se lancen a las calles, mientras más chalecos reflectantes impacten en la retina de los transeúntes, mientras más fuerte suene el squelch de los aparatos de radio, mientras más pistolas cuelguen de los cinturones, más bastones de goma se golpeen contra la palma de la mano y más vehículos blindados hagan sonar sus motores, más y mejor será la obediencia de los ciudadanos.
Pero también es una cantidad que atenta contra la seguridad sanitaria de los propios policías, que son seres humanos, expuestos como los demás (si no lo están aún más) a contraer el virus. Durante esta pandemia, en ningún país del mundo los policías (salvo los que han sido movilizados para curar enfermos) disfrutan, como en Salta, de la misma consideración social y estratégica de los trabajadores sanitarios. En Salta, sin embargo, la decisión del gobierno es que un policía sea tan imprescindible como un médico o un enfermero.
Pero el gobierno está obligado a cuidar de la salud de todos sus trabajadores y así como debe proporcionar medios y recursos a los sanitarios para que hagan su trabajo (que es inevitable en esta emergencia), debe también pensar que el trabajo de los policías en tareas de custodia multitudinaria (como es el caso de Catedral) se puede tranquilamente evitar o ser organizado de otro modo, sin menoscabo ni de la seguridad ni de la salud pública.
Una celebración religiosa, como la fiesta del Milagro en Salta, plantea sin dudas problemas de seguridad y orden público. Pero si la decisión del gobierno y de la Iglesia es de que la exteriorizaciones del culto se reduzcan al mínimo, mínimo ha de ser también el dispositivo de seguridad a cargo de la Policía.
350 agentes para custodiar la Catedral se antoja una cifra exagerada y peligrosa en el contexto epidemiológico que vivimos. Cuidemos a nuestros policías, porque no hay motivo para sacrificarlos como se está haciendo con el personal sanitario.