Como se recordará, desde ayer la ciudad de Tartagal -independientemente de su emplazamiento en la Provincia de Salta- tiene la consideración epidemiológica nacional de «lugar en que se produce la circulación comunitaria del virus».
En virtud de esta declaración, que ha sido efectuada por el gobierno federal, conforme a las facultades que tiene reconocidas, la ciudad de Tartagal ha retrocedido a la llamada Fase 1 del denominado ASPO. Esta calificación supone que en la ciudad salteña solo está permitida la circulación de los servicios esenciales; es decir, se prohíbe el ejercicio de cualquier otra actividad.
Ahora bien: Se debe tener en cuenta que el fundamento lógico del aislamiento social, preventivo y obligatorio contemplado en el artículo 2º de la Resolución 8/2020 de 23 de marzo, emanada del llamado Comité Operativo de Emergencia, que obliga a las personas que se trasladan a Salta desde otras provincias del país a cumplir un aislamiento de 14 días, es que estas personas simplemente provienen de lugares en los que existe o ha existido circulación comunitaria del virus. En consecuencia, es razonable preguntarse en el caso de Sáenz y de Medrano, cuál sería su actitud más responsable cuando ambos regresen de la zona roja de Tartagal.
Evidentemente no se trata de un cambio de provincia, pero sí de un cambio de territorio epidemiológico. En estos momentos, la ciudad de Tartagal tiene un estatus sanitario completamente diferente al de la ciudad en la que tienen su asiento y su domicilio las principales autoridades provinciales.
Probablemente lo más lógico y seguro (tanto para los afectados como para el resto de la población) es que Sáenz y Medrano se internen en un hotel de las afueras de la ciudad. De no hacerlo, existirá siempre un riesgo epidemiológico, pero más que este, existirá también la posibilidad de que se produzca una grave vulneración del derecho a la igualdad y al principio constitucional que prohibe la discriminación, por cuanto a muchos ciudadanos con domicilio en Salta se les ha prohibido la entrada por provenir de lugares con circulación comunitaria del virus, y a otros se les ha obligado a observar -a su costa- un estricto encierro en hoteles concertados con el gobierno.
Lo peor que podría pasar ahora mismo es que, tras el regreso del Gobernador y de su ministra de Salud Pública, los casos de COVID-19 se multipliquen en la ciudad de Salta, situación que ahora mismo no es difícil de imaginar. Aunque el aumento de casos no sea culpa de ellos, si el Gobernador y su ministra no deciden aislarse (o si la autoridad no los requiere para que lo hagan) siempre penderá sobre ellos la sospecha de ser los difusores de la enfermedad.
Ni Sáenz ni Medrano están por encima de las normas que ellos mismos elaboran y aplican. Son ellos los primeros que deben obedecer y no creerse que el virus los va a respetar por las ínfulas que portan. Y si no, que vean el ejemplo del Gobernador de Jujuy y de su ministro de Turismo, ambos contagiados por un presunto «contacto estrecho» entre los dos.
Nada, excepto la necesidad de darse un baño de multitudes, justifica que Sáenz y Medrano hayan viajado a Tartagal solo un día después de que el gobierno federal declarara a esa ciudad como zona de circulación comunitaria. El 98% de las tareas que se requieren en Tartagal para «mitigar» los efectos de la pandemia la deben llevar a cabo los trabajadores sanitarios, los médicos y enfermeros especializados, y en menor medida las autoridades locales. Sáenz y Medrano, como han hecho los principales líderes del mundo, no debieron moverse del lugar en el que residen las autoridades, por seguridad y por sentido común. Ningún ciudadano puede exigir a sus gobernantes que expongan su vida y su salud cuando no es necesario.
En la fotografía oficial publicada en la página web del gobierno de Salta, que se reproduce en esta noticia, se puede ver a Sáenz rodeado de personal sanitario, guardando la distancia de seguridad, protegido por una mascarilla doble. Es decir, sin EPI (equipo de protección individual), sin guantes de látex, sin calzado sanitario, sin splash shield, y con la cabeza descubierta.
Parece muy evidente, en consecuencia, que cualquier rastrillaje que se pudiera hacer en Villa Saavedra no necesitaba de la presencia física (o de la exposición vírica, que es lo mismo) ni del gobernador Sáenz ni de la ministra Medrano. Uno y otra deberán pensar muy seriamente qué hacer cuándo regresen a Salta, porque la opinión pública será muy exigente con ellos.