La comunicación suscrita por la presidenta del directorio del IPSS, señora Gladys del Socorro Sánchez, fue «anulada», según informan los responsables de algunas clínicas privadas de Salta.
En un grupo de Whatsapp circuló ayer por la tarde un mensaje que decía: «Queda anulada la nota del IPS; seguimos trabajando igual, con todas las medidas de seguridad, saludos».
Mientras, la responsable del IPS salía a los medios a intentar a aclarar, no sin cierta dificultad, que la arbitraria medida comunicada el miércoles tenía en realidad por objeto obligar a las clínicas privadas a que pusieran a disposición de los enfermos de COVID-19 sus camas de terapia intensiva.
Sin embargo, los prestadores todavía no entienden qué relación pudiera existir entre la disponibilidad de camas de cuidado intensivo con las prestaciones normales a que tienen derecho los afiliados al IPSS, como estudios rutinarios, radiografías, análisis clínicos o electrocardiogramas.
Al mediodía de ayer, las redes sociales eran un hervidero, con convocatorias masivas a dejar de pagar la cuota del IPSS y a acudir a los tribunales de justicia a reclamar por vía de acción de amparo que el citado instituto cumpla con lo que dicen la Constitución y las leyes que regulan el seguro de salud a nivel provincial.
Un poco después de producido este revuelo, ya circulaba en Whatsapp un mensaje que decía: «El IPS garantiza la atención de cirugías y prácticas programadas en sanatorios y clínicas como así también la realización de la totalidad de prácticas ambulatorias en consultorios y centros médicos».
Es decir, la retirada de los efectos de la comunicación de 12 de agosto de 2020 era total y previsiblemente definitiva. El IPSS reconocía así la inexistencia de causa legal que justificase el no reconocimiento y la no autorización de aquellas prestaciones de salud que no fuesen urgentes.
Además de la reacción popular y de los medios de comunicación, seguramente ha influido en la decisión del IPSS de retroceder tan absurda medida la firme posición de los médicos que salieron a denunciar que en el momento más crítico de la pandemia, el IPSS deja sin cobertura a miles de salteños.
Para los facultativos, no hay dudas de que la consulta programada es la que puede prevenir males y costos mayores en la salud. Y añadieron: «Si es por evitar aglomeración de los afiliados, la autorización online es el camino correcto».