Parece contradictorio, pero cuando la amenaza parece más grave, la Provincia de Salta se encuentra en una fase intermedia de restauración de la normalidad que parece avanzar sin que nadie haya propuesto moderarla o frenarla.
Sin embargo, como la precaria economía provincial y la de decenas de miles de familia que necesitan salir a la calle para procurarse el sustento diario, no está en condiciones de resistir más, al gobierno de Gustavo Sáenz se le plantea un desafío especial: cómo relajar los controles y al mismo tiempo mantener un alto nivel de seguridad sanitaria que permita tener la epidemia bajo control.
La solución a este dilema no es fácil en ninguna parte del mundo, y no lo será especialmente en Salta en donde el gobierno claramente ha apostado desde el primer momento por la fuerza; es decir, por el cerrojo policial-militarizado cuyos resultados sanitarios se han visto favorecidos por la -todavía- escasa prevalencia de la enfermedad del COVID-19 en toda la región noroeste del país.
Si los hombres y mujeres que asesoran a Sáenz piensan que es el cerrojo el que mantiene a raya al virus, es muy posible que la restauración de la normalidad sea muy lenta y perjudicial para la economía. Pero si, como parece más razonable, creen que el dispositivo policial debe cesar y poner más celo en los controles sanitarios, es probable que Salta recupere la normalidad antes de lo que muchos han calculado.
El problema es el siguiente: en Salta hay más de 12.000 policías, la mayoría de ellos subocupados, mientras que el número de profesionales sanitarios es insuficiente, como insuficientes son los recursos de los principales centros hospitalarios que dependen del gobierno. No hay tiempo ni dinero para formar nuevos médicos y nuevos enfermeros, de modo que cualquiera sea el diagnóstico del gobierno, existe una razonable posibilidad de que el cerrojo policial continúe sin necesidad y sin fecha cierta de finalización.
Nadie sabe por el momento qué ocurrirá en Salta cuando la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia o su degradación (como sucede con los huracanes que se convierten en tormentas tropicales). Si la OMS toma la palabra, es probable que muchas de las medidas que el gobierno de Salta ha puesto en marcha con la excusa de la amenaza sanitaria deban ser desactivadas inmediatamente.
De ocurrir algo como esto, el gobierno de Salta, independientemente ya de lo que pudiera decir la OMS, tiene que tener un plan B para el supuesto de que el fin de la pandemia por causas naturales se produzca antes del hallazgo de la vacuna o de una cura efectiva. Si la amenaza persiste y ya no se puede gobernar a base de «protocolos» y de decretos legislativos de urgencia, el gobierno deberá invertir mucho tiempo y mucho dinero en poner a punto el sistema sanitario para que responda al nuevo escenario.
La crisis del coronavirus en Orán ha destapado la extrema fragilidad del sistema institucional y operativo de la salud pública en Salta. El gobierno ha demostrado que va a remolque de los acontecimientos. Pensar que en poco tiempo se va a poner en valor todo un entramado de recursos que ha sido olvidado hasta los límites de la degradación durante casi dos décadas, es una ilusión insostenible, incluso para este gobierno.
El gobierno se encuentra también en una encrucijada, puesto que si para gobernar con manga ancha decide infundir el miedo al contagio, como lo viene haciendo, una parte importante de los agentes económicos dejará de producir o producirá menos por esta causa. Si, al contrario, con el fin de favorecer la recuperación económica resuelve animar a los salteños a salir a enfrentar la vida cotidiana como si nada pasara, es posible que la enfermedad pegue un rebote y los enfermos carezcan de atención en nuestros empobrecidos hospitales.
La única salida posible, la única compatible con las libertades democráticas, es que la Legislatura provincial sancione una ley sumamente detallista y minuciosa, que restrinja en la mayor medida posible la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que tenga por objeto la regulación de las medidas sanitarias mínimas indispensables que debe observar todo el mundo, empezando por los gobernantes.
Esta ley no puede ser impuesta por un pool de expertos, sino elaborada y debatida a conciencia por los representantes de la soberanía popular, con el debido asesoramiento técnico. Si el gobierno se empeña en seguir gobernando con criterios sanitaristas que no han pasado el filtro del control legislativo, se arriesga a cometer un error mayúsculo.
La Legislatura, por su parte, debe abandonar la comodidad que supone dejarle todo el embrollo al gobierno y meterse de lleno a debatir el diseño del futuro. No lo conseguirá si los que se sientan en las asambleas están más preocupados por la escasez de hojas de coca, por el contrabando de cigarrillos o por las venganzas políticas de corto alcance, que por el pésimo estado de las libertades y los derechos fundamentales de los salteños.
En resumen, que la tarea que tiene por delante el gobierno de Gustavo Sáenz excede notablemente su capacidad técnica y política. El gobierno ya no debe buscar argumentos para legitimarse a sí mismo y justificar las más severas restricciones a los derechos ciudadanos, sino zambullirse en el seno de la sociedad a la que sirve, para buscar las respuestas y las soluciones con la cooperación de la mayor cantidad posible de salteños y no salteños.