Por algún motivo que habría que estudiar en profundidad, cada vez que las políticas sociales del gobierno de Salta fracasan, porque quienes las ponen en práctica no tiene ni la más remota idea de lo que están haciendo, en la desbandada recurren a los docentes. Mientras en el resto del mundo los docentes son formados para enseñar, casi exclusivamente, en Salta, además de saber de lo suyo, un docente debe saber curar enfermedades, detectar patologías psicológicas, dar de comer a los niños hambrientos, manejar como expertos las máquinas de voto electrónico y, anticiparse a las agresiones sexuales y, ahora también, prevenir el delito de trata.
Un docente de la Provincia de Salta es, pues, maestro, bombero, médico, sacerdote, psicólogo, policía y experto informático, pero no al servicio de sus alumnos sino del gobierno, que debería contar con profesionales especializados en cada una de estas áreas, y sin embargo cree que los maestros, con semejante trabajo que tienen y con los obstáculos que enfrentan (escuelas saturadas, edificios en malas condiciones, recursos escasos, poco apoyo ministerial, etc.), además tienen que dedicarse a otras tareas que poco o nada tienen que ver con la enseñanza.
Tal vez si les pagaran mejor, podrían hacer un trabajo más complejo. Pero lo normal sería que el gobierno contratase a trabajadores sociales, a técnicos sanitarios, a informáticos y a criminólogos, para evitar que el docente se desvíe de su cometido y se convierta en la mano de obra barata que todo lo soluciona.
Es razonable pensar que un maestro, por mucha formación que reciba en disciplinas que no son la suya, y por muchas palmadas en la espalda que le den, jamás podrá ser un buen médico, un buen nutricionista o un buen bombero. Si los docentes tuvieran esta capacidad, varias facultades universitarias deberían cerrar sus puertas.
La entrega del docente, su compromiso con el grupo social al que sirve, puede y debe tener un límite. Ese límite es, por lo general, el respeto a la persona del docente y a su carrera profesional, que se supone estructurada sobre la base de la educación, como ciencia práctica.
Habrá, por supuesto, maestros encantados de servir como comodines por el mismo sueldo. Pero habrá otros que pensarán a buen seguro que esta especie de «extensión profesional» no es más que un abuso del gobierno y de los funcionarios que no saben para dónde disparar cuando los problemas arrecian.
La escuela pública salteña no es Defensa Civil y los maestros a sueldo del Estado no son brigadistas apagaincendios. Son personas que han estudiado, y mucho, para enseñar a nuestros niños. Debemos respetarlos como tales.