Un despacho del servicio oficial de prensa del Poder Judicial de Salta, emitido en la mañana de hoy, lunes 29 de marzo de 2021, que tiene por objeto informar sobre la condena de un hombre por amenazar de muerte a su expareja y a la madre de esta, obliga a formularse estas preguntas.
Desde hace algún tiempo y por razones que no han sido explicadas de ningún modo, las noticias judiciales sobre procesos de violencia de género incluyen -innecesariamente- la transcripción exacta de las palabras con que los agresores amenazan, insultan o degradan a sus víctimas.
En el mismo periodo se ha ido abriendo paso la tendencia de los comunicadores a utilizar motes o apodos para referirse a los encausados, no con el propósito de identificarlos mejor, sino con la finalidad de darle un toque divertido o coloquial a la información, como si la persona en cuestión no tuviera nombre y apellido o como sutil método despersonalizador, cuando no deshumanizante.
Todos estos elementos se han combinado a la perfección en la noticia publicada hoy bajo el título “Cuchi” a prisión por golpear a su expareja y amenazarla de muerte a ella y a su exsuegra.
En esta noticia, la información estrictamente judicial ocupa escasos dos párrafos, mientras que los restantes están dedicados a narrar con profusión de detalles las amenazas proferidas por el condenado, sin ahorrar en matices verbales.
Aclaramos que la reproducción de estas palabras se efectúa aquí con el solo objeto de criticar el exceso informativo judicial y no con ánimo de extender la difusión del mismo.
Así por ejemplo, un pasaje de la noticia dice que «el día del hecho, Rojas se presentó en su domicilio y, cuando ella salió a atenderlo, vio que él tenía un hierro en cada mano, le dijo “hija de puta” y comenzó a golpearla». Lo importante aquí es la consumación de la agresión, no el insulto previo al ataque, que en cualquier caso debió omitirse en la información pública.
Pero mucho más grave es el relato de lo que ocurrió después de que el hombre consumó su agresión.
La noticia -insistimos, oficial- dice así: «La denunciante comenzó a gritar pidiendo ayuda y salió su madre a auxiliarla. Entonces Rojas le dijo: “Donde te encuentre te voy a cagar a puñaladas. Esta vez te salvaste, donde te vea te voy a agarrar”. En tanto que a su exsuegra, el imputado la amenazó diciendo: “Andá, batiyuta. Te voy a reventar cuando vuelva. Te voy a abrir como campera”».
La transcripción de estas vulgaridades, además de ser totalmente innecesaria en relación con el propósito informativo de la nota de prensa, resulta especialmente ofensivo para las víctimas, cuando no para todo el género femenino.
Una cosa es que los jueces deban entrar casi inevitablemente en contacto con este tipo de lenguaje barriobajero y otra cosa muy diferente es que, por motivaciones simplemente morbosas y sensacionalistas, se traslade toda la riqueza verbal de unas amenazas machistas a los lectores desprevenidos de los medios de comunicación.
Esta desviación informativa es mucho más grave todavía si se tiene en cuenta que la ofensa a la dignidad femenina proviene de un servicio público de información que es dirigido y controlado por unos jueces que periódicamente hacen alarde de ciertas virtudes como la «perspectiva de género» o el «lenguaje inclusivo» y se declaran enemigos jurados de cualquier forma de discriminación o de violencia contra las mujeres.