El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de «investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
La libertad de información, entendida como corolario o extensión necesaria de la libertad de expresión, ha sido recogida también en otros importantes instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).
Desde un punto de vista más específico, la Resolución 1003 sobre Ética del Periodismo, acordada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en julio de 1993, establece entre los deberes de los periodistas «la obligación de ser totalmente independientes a la hora de informar» y el deber de no mantener «ningún tipo de relación, que responda a intereses privados, con las autoridades públicas y las altas esferas económicas».
El mismo documento internacional manda a que el periodista deba «respetar el derecho a la vida privada, la presunción de inocencia y los derechos de los menores de edad» y que, además, defienda «la dignidad humana y la igualdad entre personas».
Entre los derechos enumerados en esta resolución, se cuenta el derecho a «la libertad de informar sin tener que someterse a ningún tipo de presión interna».
Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas -la asociación de periodistas más importante del mundo- dice en su Declaración de Principios sobre la Conducta de los Periodistas de 1986 que los profesionales «no deben distorsionar la información que ofrecen de manera intencionada».
Presiones inadmisibles
Todos estos principios colisionan frontalmente con la actividad, o, mejor dicho, el activismo, de ciertos grupos que atacan a los medios de comunicación por la forma en que estos -en uso de su amplísima libertad- deciden informar sobre sucesos relacionados con agresiones sexuales a mujeres o violencia de género.En principio, este activismo, inusualmente autoritario, está encaminado a presionar a medios y a periodistas para que informen sobre este tipo de sucesos únicamente de la forma que los activistas quieren que se informe; es decir, sin reconocer a los periodistas el derecho de hacerlo libremente, omitiendo al mismo tiempo su deber de no dejarse someter a presiones de grupos privados y resignando su compromiso con la democracia, la dignidad humana, la presunción de inocencia y la igualdad entre las personas.
Como los activistas que intentan imponer una suerte de dictadura del pensamiento único están teniendo algún éxito, en la medida en que han conseguido maniatar con su prédica a ciertos aparatos de comunicación pública, se hace necesario denunciar que por este camino se está socavando no solo la necesaria credibilidad de la profesión periodística sino también los pilares de nuestra democracia. Como todo el mundo sabe, el sistema de convivencia que organiza nuestra Constitución se basa en una información libre, veraz e independiente, y que este tipo de información hoy se encuentra seriamente amenazada tanto en Salta como en otras partes del país.
Hoy más que nunca se pueden palpar las presiones que, desde todos los ámbitos (políticos, económicos, institucionales, sociales), pero especialmente desde grupos fuertemente ideologizados, se ejerce sobre los informadores. Desgraciadamente estas presiones son ahora mucho más intensas que antes y tienen más posibilidades de éxito, porque existe una conciencia y constatación generalizada de que la posición del periodista es hoy más frágil de lo que lo fue en el pasado.
Ningún grupo de presión le puede dictar a los periodistas cómo informar sobre un determinado tema. Nadie puede imponerles enfoques, palabras, giros, opiniones o conclusiones. Los periodistas son y deben ser libres de adoptar los que más convenientes les parezcan, así como los consumidores de las noticias -los ciudadanos- son libres de criticarlos si no están de acuerdo con ellos. Pero así como el periodista no puede aspirar a imponer su enfoque, tampoco sus críticos deben sentirse tentados a imponer el suyo.
Vivimos en una época en que la información libre, veraz e independiente se enfrenta al desafío de la multiplicación de las noticias falsas, los bulos y las manipulaciones que, de forma masiva, constante e implacable, inundan todos los días las redes sociales y vías de comunicación que utilizan los ciudadanos para relacionarse y conformar sus criterios. Las operaciones concertadas en las redes para imponer determinados enfoques informativos sobre delitos sexuales o violencia de género constituyen una amenaza grave para el conjunto de la sociedad, pues en nombre de la libertad de opinar, se pretende ahogar la libertad de los demás mediante la instauración, en ciertas materias, de un «corralito verbal» cuya última finalidad es la de imponer una visión ideológica uniforme y negatoria del pluralismo que bulle en el interior de nuestras sociedades.
Antes que doblar las rodillas, como lo están haciendo muchos ahora mismo, la prensa libre debiera ponerse de acuerdo para rechazar de la forma más enérgica posible todos los intentos de imponer, en nombre de la libertad y de la igualdad (dos valores de altísima importancia en democracia) un discurso único y prefabricado en materia de delitos sexuales y violencia de género.
El periodismo libre no debe temer a los fusilamientos mediáticos en las redes sociales y ha de negarse a aplaudir los juicios sumarísimos que criminalizan a la persona por su sexo, más que por los hechos que pudiera o no haber protagonizado. Ni los periodistas ni los medios de comunicación deben sentirse limitados o indefensos porque alguien en las redes sociales los llame «diarios de mierda» o «periodistas de mierda», y ellos no puedan, por razones que son más que obvias, calificar a sus críticos como «ciudadanos de mierda».
Si queremos vivir en libertad, comencemos por respetar la libertad de todos y no poner la de algunos por encima de la de otros.