La proliferación incontenible de hechos que rodean a un caso criminal complejo hace que la tarea del intérprete de los elementos de convicción de los denominados personales se convierta en una de las operaciones más delicadas de todo el proceso.
Como alguna vez dijo CALAMANDREI, existe entre los abogados y los magistrados una cierta tendencia a considerar a las cuestiones de hecho como materia de inferior categoría. Esta visión «clasista», que equivocadamente considera a las cuestiones jurídicas como revestidas de una importancia superior, hace que el universo fáctico se aparte del mundo judicial y que en ciertos juicios mediáticos -en los que aparecen como aliados los medios de comunicación- la interpretación de los hechos y la valoración de la prueba sobre los mismos esté, o mejor dicho parezca estar, al alcance de cualquiera sin formación.
Cualquier experiencia existencial -no digamos ya las más complicadas- exige de aquel que va a valorar su efectivo acaecimiento en el mundo de la realidad un razonamiento paciente y detallado. La precipitación es enemiga frontal de la certeza, especialmente cuando hablamos de procesos que afectan la libertad personal de los individuos.
Por estas razones y otras parecidas es que no se debe considerar como una contribución a la justicia, sino más bien todo lo contrario, el que los medios de comunicación que siguen los juicios con mayor repercusión mediática interpreten y valoren, a su gusto y en pocos minutos, el sentido y el alcance de la declaración de los testigos, mucho antes de que lo haga el tribunal que juzga el caso.
Algo como esto está sucediendo estos días con el seguimiento del juicio que tiene por acusado al ciudadano Franco Rodrigo Gaspar Cinco, un proceso en el que un día tras otro se suceden testigos que, según los diarios, «hunden cada vez más» al acusado en el pozo en el que parece estar.
Buena parte de la culpa la tiene el propio tribunal al admitir testigos que las partes han propuesto, no para que digan cómo han sucedido los hechos que han visto o podido percibir por sus sentidos, sino para que describan la personalidad del reo, como si el proceso sirviera para enjuiciar sus tendencias o perversiones de vieja data y no sus posibles y actuales conductas criminales. Un testigo que no ha visto al acusado colocar el veneno en una botella y servírselo como refresco a sus víctimas no sirve para esclarecer el caso, sobre todo si solo se limita a decir que «de chiquito ya se le veía que era un asesino».
Algunos jueces, algunos fiscales, algunos abogados y algunos testigos están convirtiendo a ciertos juicios penales en un «proceso participativo», como los que se han establecido para impugnar las cualidades de un futuro juez de la Corte de Justicia, en los que, como es sabido, es suficiente con decir: «no me gusta su cara».
Visto desde otra perspectiva, habría que preguntarse por qué motivo si los magistrados que integran los tribunales juzgadores están sujetos a las reglas de la sana crítica, y estas reglas han sido formuladas para aportar seguridad jurídica y reducir la arbitrariedad judicial en la valoración de las pruebas, los diarios, a ojo, deciden cuándo un testigo «ha dado la posta». Cosas como estas no son más que reflejo de una gran irresponsabilidad periodística que consiste en presentar a los juicios como novelas por entregas.
Si a un juez le lleva una apreciable cantidad de tiempo y de esfuerzo intelectual determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen o podrían hacer verosímil el conocimiento de los hechos por el testigo y la ocurrencia del mismo hecho, no se entiende que un mero espectador del proceso (los periodistas lo son) pueda hacerlo solo unos minutos después de escuchar a un testigo y sin siquiera haberle formulado una pregunta.
Los jueces, lógicamente, no pueden prohibir ni que los periodistas presencien los juicios ni que saquen conclusiones anticipadas de la prueba que en ellos se produce, pero pueden hacer mucho para evitar que la superficialidad de algunas interpretaciones y los juicios mediáticos sumarísimos terminen complicando innecesariamente su trabajo; y aun peor que esto, que terminen perjudicando a una persona que con dificultad defiende sus derechos.
Desde luego, los periodistas y los directores de medios de comunicación pueden hacer mucho más, como por ejemplo prohibir a sus cronistas efectuar juicios de valor sobre las declaraciones de los testigos, pues aquellos juicios, en la mayoría de los casos, suelen ser sesgados, parciales y carentes de cualquier rigor técnico. Los periodistas, en su compromiso con la verdad, están obligados a utilizar sus propias investigaciones para sacar conclusiones o tejer conjeturas, por lo que les está vedado aprovecharse antideportivamente de los procesos públicos y de sus vicisitudes para inclinar la balanza a favor o en contra de un sospechoso, haciendo así difícil o imposible la tarea de juzgarlo.
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