La decisiva importancia de las palabras

Quienes desprecian el lenguaje con el que nos comunicamos o intentamos comunicarnos los seres humanos olvidan a menudo que fue el verbo, precisamente, el que impulsó la creación del universo.

Semejante pedigree debería ser más que suficiente para que, al menos aquellos que asumen la responsabilidad social de comunicar, -por ejemplo, los gobiernos- utilicen las palabras con el cuidado que ellas se merecen, que es lo mismo que decir con el respeto que los gobernados les demandan.

Las palabras lo son casi todo en este mundo; así en la política como en la vida social. El uso de las palabras, más que cualquier otro factor, determina la forma en que pensamos y sentimos. Hasta tal punto, que el modo en que las historias o los sucesos son contados afectan de una forma decisiva la manera en que los lectores o escuchantes piensan que el gobierno debe responder.

Cuando es el gobierno el que informa sobre estos mismos hechos, el que cuenta las historias, se produce el fenómeno inverso: las palabras que utiliza en su comunicación diaria deciden la forma en que habrán de reaccionar los ciudadanos. De modo tal que si el gobierno es consciente de que las palabras que emplea para comunicar deciden en gran medida las reacciones ciudadanas, a los gobernados no les cabe adoptar otra actitud que la de exigir, no ya una comunicación veraz (que es lo mínimo), sino una de auténtica calidad.

Debemos darnos cuenta de que las palabras son, para muchas personas, su única compañía; para otros, son su mejor compañía. En la vida siempre hay alguien que se encarga, con mayor o menor habilidad, de hacer experimentar a los demás, solo con el uso de las palabras, sensaciones como el hambre, el frío, el temor o la alegría.

Al contrario de lo que algunos piensan, la destreza con el lenguaje no solo es importante para las ventas, la publicidad, la religión o la política. Lo es fundamentalmente para entablar relaciones con nuestros semejantes, lo que en estas épocas dominadas por las comunicaciones electrónicas y la interacción humana en las redes sociales significa que no hay razón que pueda justificar que el uso de nuestra lengua sea cada vez más pobre y menos exacto.

Cada día que pasa la comunicación se degrada, porque quienes tienen la obligación de utilizar las palabras con exactitud y propiedad se expresan peor o toleran que los demás lo hagan. Parece que algunos han olvidado que las palabras no son simples vibraciones del aire y que tienen consecuencias; es decir, que tienen el poder de levantarnos o de hundirnos, de inspirarnos o de incitarnos, de curar o de herir.


Pero la pobreza del lenguaje y su inexactitud son directamente imperdonables cuando quien incurre en estos vicios es el gobierno, al que se supone en posesión de ciertas herramientas que le permiten estar a la altura del nivel cultural medio de la población.

Y más que imperdonable es condenable cuando el gobierno, consciente de la importancia de las palabras, hace esfuerzos por enmascarar la realidad, por tergiversarla a la medida de sus necesidades, utilizando palabras inadecuadas de un modo deliberado y calculado. El empeño de que el ciudadano se entere de cosas que no existen en la realidad es una forma muy perversa de ejercer la mentira, impropia de cualquier democracia.

Beneficiar

No quisiera abundar en ejemplos, para no hacer de este escrito algo mucho más aburrido de lo que ya es, razón por la cual quisiera detenerme solo en algunas palabras de uso muy socorrido por el gobierno provincial de Salta.

La primera, sin dudas, es el verbo «beneficiar» con el que se describe cada una de las acciones del gobierno, aunque muchas de ellas acarreen verdaderos perjuicios a la ciudadanía o a los intereses del Estado. Se trata de una extrapolación inadmisible de la terminología del Derecho de la Seguridad Social en cuyo ámbito el sustantivo «beneficio» tiene un significado muy preciso y acotado: el de prestación que compete por ley.

Pero esta palabra no se puede emplear -no sin riesgo de caer en una bajeza notable, por supuesto- para describir, por ejemplo, la acción de colocar un tanque de agua en un barrio, la de erigir una comisaría, la de conectar una vivienda a la red de cloacas o la de crear un juzgado, como lo hace habitualmente el gobierno, por una razón muy simple: sus comunicadores han sido expresamente entrenados para utilizar esta palabra siempre y en cualquier contexto, para hacer creer que el gobierno es una máquina de «hacer el bien».


Un ciudadano puede obtener un cierto provecho si percibe una jubilación, si sus hijos van a la escuela, si se le adjudica una vivienda pública o si puede acudir al hospital cuando está enfermo; pero nunca cuando el gobierno abre una nueva comisaría, ya que actos de esta naturaleza forman parte de un estatus cívico preexistente a cualquier contingencia o riesgo provocado por el mercado.

Desde que se han universalizado ciertas prestaciones de la seguridad social, como la asistencia sanitaria o la educación, incluso estas prestaciones están dejando de ser «beneficios» para ocupar el espacio de los derechos con los que el ser humano viene de fábrica y que los gobiernos deben asegurar cualquiera sea la condición social del sujeto.

Lo mismo sucede cuando el gobierno paga deudas de larga data. Por ejemplo, si abre un quirófano con ochenta años de retraso, o si inaugura una escuela que debió haberse construido décadas atrás, hablar de «beneficio» es un sarcasmo, una burla.

Acompañar

La segunda palabra de la que me ocuparé es el verbo «acompañar», que sirve de solución polivalente para aquellas situaciones, generalmente confusas o de manifiesta inmovilidad, en las que el gobierno se relaciona desde la más pasmosa contemplación con los diferentes grupos sociales que persiguen intereses concretos.

La palabra es realmente perversa, porque lo que disfraza en estos casos no es una acción del gobierno sino su exacto contrario. El no hacer nada frente a un problema colectivo recibe en Salta el nombre de «acompañamiento». Escuchar a los afectados, servirles un café en una oficina pública o pasarles la mano por el hombro, no son acciones de gobierno; ni siquiera simples parches. La conmiseración (es decir, la compasión que se tiene del mal de alguien) no es lo que se espera de los gobernantes, especialmente cuando hay personas que enfrentan problemas serios que afectan el interés general.

Desde luego, no todas las demandas sociales son atendibles por el gobierno, que es quien debe arbitrarlas y moderarlas, y poner por delante el interés general por encima de los intereses particulares. Pero de allí a decir que se «acompaña» (a las mujeres, a los transexuales, a los desempleados, a los pobres, a los enfermos o a cualquier colectivo en dificultades), cuando el funcionario de turno se ha limitado a decirles buenas palabras sin adoptar ninguna decisión relevante, hay una enorme diferencia.

Entregar

La tercera a la que quiero referirme es «entregar», verbo al que generalmente la comunicación del gobierno de Salta recurre con fines puramente demagógicos. Por ejemplo, cuando dice que el Gobernador ha «entregado» patrulleros o armas a los policías. Si el gobierno compra patrulleros (con el dinero que es de todos), quien entrega es la fábrica o el concesionario que los vende. El Gobernador o cualquier otro funcionario lo que hace es recibirlos; y poco más, puesto que el destino de los bienes entregados por su antiguo dueño está ya definido en alguna norma jurídica anterior. Ni al Gobernador ni al Jefe de la Policía le está permitido comprar bienes con dinero público y decidir, en la soledad de sus despachos, como si los bienes fuesen propios, si «entregan» o no tales bienes a sus futuros usuarios.

Imaginemos por un momento que el Gobernador decide comprar, con los impuestos que pagan los salteños, una docena de vehículos policiales y los tiene estacionados en el garaje de la residencia oficial, hasta que a él le de la gana de llevarlos hasta la central de Policía. No es su voluntad la que se impone en estos casos, sino la voluntad expresada en aquella norma jurídica preexistente, que dice que la recepción del material la tiene que hacer el organismo o la repartición para la cual los bienes han sido adquiridos.

Fortalecer

La cuarta y última palabra es «fortalecer», utilizada hasta la náusea por la comunicación gubernamental cada vez que alguien decide parchar u ocultar el mal funcionamiento de un servicio o la debilidad de las instituciones. Retoques, maquillajes, pinturas de fachadas y todo un sinnúmero de operaciones menores suelen ser la excusa disparadora de la palabra «fortalecer», que cada vez que aparece en la comunicación oficial debe interpretarse como la renuncia expresa del gobierno a acometer reformas serias, provechosas y perdurables.

A juzgar por la cantidad y variedad de actuaciones de «fortalecimiento» que realiza el gobierno provincial, los salteños, que en realidad viven en una sociedad que padece una alarmante debilidad colectiva, deberían sentir que habitan en una especie de inexpugnable fortaleza.

Hay decenas de formas, elegantes y sobrias, de sacar provecho político de la adquisición de ciertos bienes de uso público. La más denigrante de todas es seguramente la fórmula de la «entrega», que termina convirtiendo las acciones públicas en manifestaciones de voluntad de personas particulares, con el daño que tal gesto supone para la integridad de las instituciones.

Más palabras...

Y así, hay cientos de palabras que, por ignorancia o por pura mala intención, son mal empleadas por el gobierno, con resultados generalmente desastrosos. A modo de ejemplo, y para concluir, citaremos a las siguientes: articulación, políticas de Estado, plan piloto, inversión, análisis político, participación, autonomía, descentralización, asistencia, diagramación, disertación, optimización, capacitación, emprendimiento, «asociatividad», comunidad, institucionalidad, sustentabilidad, contención, contralor, refuncionalización, interiorización, herramientas, inclusión, empoderamiento, monitoreo, posicionamiento, concientización, o los malsonantes e insufribles sustantivos «Nación» y «Provincia», desprovistos de sus correspondientes artículos.

Los ciudadanos deben saber que cuando se pervierte el lenguaje de esta manera, cuando los conceptos más simples son reemplazados por complicados neologismos, cuando las ideas son transmitidas de un modo críptico y prácticamente indescifrable, quien está detrás de estas operaciones persigue por lo general propósitos inconfesables.