Según la comunicación oficial, el Ministerio de Seguridad del gobierno de Salta intervendrá en el «ordenamiento vial» (sic) de San Antonio de los Cobres. Lo curioso del caso es que el citado ministerio, no tiene ninguna competencia en esa materia, ya que se supone que si llegase a existir una red de caminos necesitada de «ordenamiento», el órgano del gobierno que debería llevar a cabo esta tarea es la Dirección Provincial de Vialidad, que para eso existe.
De la lectura de la información oficial surgen dos cosas: 1) quien la escribió (un señor o una señora que recibe un sueldo de todos los salteños) no tiene la menor idea del significado de las palabras; y 2) que el gobierno (incluido el Ministro de Seguridad) no distingue entre lo vial (lo perteneciente o relativo a la «vía») y lo vehicular (lo perteneciente o relativo al «vehículo»).
Más grave que esto es escribir, en la misma noticia, que el convenio firmado por el ministro y el intendente afecta al ejido urbano. Hay que recordar que ejido y urbano son dos palabras que se excluyen entre sí. Solo hay «ejidos» (campos comunes de un pueblo, lindantes con él, que no se labran, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras) fuera del límite urbano y no dentro de él. Por lo tanto, ejido urbano es una notable contradicción en los términos.
Ahora bien, si nos tomamos el trabajo de leer la noticia completa, veremos que lo que el gobierno anuncia como «reordenamiento vial» no es sino un operativo de control sobre la circulación de vehículos.
Lo único que hace «especial» a este convenio es que los controles, en vez de llevarse acabo en las rutas (en donde la competencia es provincial) se realizarán en las calles de San Antonio de los Cobres, donde la competencia original es de la Municipalidad local. El convenio lo que hace es abatir la competencia municipal e instaurar los controles por la Policía de Salta. Sin dudas, esto forma parte de la política de descentralización de la que tanto habla el gobernador Urtubey y que no consiste en otra cosa que en serrucharle cada vez más las pocas competencias que tienen los municipios de Salta.
Pero debemos suspirar aliviados, por cuanto el convenio en cuestión deja a salvo la competencia exclusiva del Municipio para juzgar y sancionar las faltas de tráfico denunciadas por la Policía provincial. El Municipio se encargará también de «guardar» los vehículos que fueran secuestrados en los operativos policiales.
El sagaz ministro Oliver ha dicho que «estos convenios son importantes no sólo por lo que a seguridad vial se refiere, sino también por la seguridad en general». O sea: donde no hay una cesión de competencias municipal a favor del gobierno provincial lo que hay -según el ministro- es inseguridad.
Ya podríamos ir quemando varias cartas orgánicas municipales.