Una de las consecuencias de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos es que los gobernantes están cada vez más estrechamente sometidos al control, al escrutinio y a la crítica de los ciudadanos. El auge de las redes sociales ha terminado de dibujar, con perfiles cada vez más reconocibles y universalmente aceptados, un escenario en el que el ejercicio del poder encuentra cada vez más dificultades para ocupar ciertos espacios y desplegar su actividad sin rendir cuentas a los ciudadanos. La aparición de este fenómeno -que se remonta a unos cinco años atrás, aproximadamente- ha propiciado al menos dos tipos de reacciones por parte del poder:
La primera, consistente en «abrir» al conocimiento ciudadano los procesos que hasta entonces permanecían ocultos o semiocultos, utilizando para ello canales transparentes de comunicación en las redes sociales y una comunicación cada vez más fluida y personalizada con los titulares de la soberanía. Muchas de estas intervenciones tienen, incluso, un sentido pedagógico, más que defensivo.
La segunda consiste en ignorar las críticas y las exigencias ciudadanas de rendición de cuentas a través de un mecanismo que consiste, básicamente, en la contracomunicación intimidante. El poder no se da por aludido cuando los ciudadanos lo censuran y, en vez de responderles, eligen emitir una miríada de mensajes contrarios (generalmente laudatorios del gobierno) a través de canales no transparentes (por ejemplo, perfiles falsos en las redes sociales, y periodistas a sueldo a los que utilizan como poleas de transmisión de un mensaje ideológico). Esta estrategia conlleva la pretensión de que el gran público eche cuentas y termine por admitir que las críticas son mucho menos numerosas que las alabanzas.
Para responsables políticos como Urtubey las críticas -incluso las que están fundadas y no obedecen a campañas organizadas con premeditación- deben ser ignoradas y acalladas en las redes sociales por decenas de miles de opiniones contrarias, que una usina de consignas condescendientes se encarga de fabricar, a veces a un ritmo de cientos por hora. La opinión superficial y favorable de cien iletrados vale para el gobierno más que una crítica aislada formulada por un experto que sabe de lo que habla.
De lo que se trata, pues, es de gritar más fuerte del que grita y de taparle la boca a los críticos. Es decir, de mirarse permanentemente en el espejo de Blancanieves y de darse la razón. Lo que se consigue algunas veces simplemente dándole la vuelta al mensaje, como si fuera un calcetín, y otras muchas veces organizando, a través de perfiles falsos y de incondicionales del poder, linchamientos digitales que dejan la sensación de que el gobierno tiene miles de aliados y los críticos casi ninguno.
El propio Gobernador de Salta -y ahora también su novia- se encargan de bloquear a los críticos, cuyas opiniones no admiten en sus perfiles oficiales. En el caso de la novia es comprensible, porque se trata de una celebridad menor, sin responsabilidades de Estado, pero en el caso del Gobernador esta conducta es grave por cuanto revela no solamente un alto grado de intolerancia hacia la crítica, un bajo nivel de admisión de la propia frustración y un autoritarismo selectivo, sino que pone de relieve una gran irresponsabilidad. Esto es así pues el Gobernador está obligado a soportar las críticas que se le dirigen, con mala intención o sin ella, y porque los perfiles de que se vale en las redes sociales son gestionados por agentes del Estado, que cobran un sueldo que no paga el Gobernador sino el erario salteño.
Pongamos como ejemplo la crítica -muy frecuente, por cierto- de que el Gobernador es una persona «poco afecta al trabajo». Basta para que se deslice en las redes sociales un comentario en esta dirección, cualquiera sea la intención de quien lo formula, para que la usina de consignas condescendientes se ponga en marcha y en cuestión de minutos las redes están inundadas de actividades que, bien examinadas, dejarían a la ubicuidad divina en un lugar secundario.
Para los operadores de la comunicación pública del gobierno de Salta, la democracia digital es una especie de «abuso de la estadística», en donde el que más llora más mama. Así, las redes sociales, en vez de ser utilizadas como un espacio para la interacción provechosa con los ciudadanos, para la resolución de problemas y el intercambio libre y abierto de ideas, son terreno de despliegue de una estrategia de defensa basada en la cantidad, en donde la verdad ocupa un lugar siempre secundario en relación con las necesidades de un «aparato» que tiene como prioridad bruñir la imagen del jefe.
El gobernador Urtubey en persona elude cualquier debate en las redes sociales. Sus ministros hacen otro tanto de lo mismo. El resultado es un gobierno autista, encerrado en sí mismo, al que las críticas le provocan una profunda herida narcisista, pero que al mismo tiempo le resulta suficiente echar mano de sus brigadas sofocaincendios para experimentar la sensación de que le han dado la vuelta a la tortilla de la insatisfacción ciudadana.
Así, no solo es muy difícil gobernar sino que también es muy difícil tomar una decisión acertada. Los ciudadanos no solo merecen ser escuchados (y no bloqueados por el Gobernador) sino que en algunos casos sus opiniones deben ser tenidas en cuenta.