El mito de la información inmediata ha sido sometido ayer a una prueba durísima, con ocasión de la sorpresiva difusión de los llamados #PanamaPapers, una masiva filtración de datos sobre sociedades opacas que comprende, según algunas fuentes, unos doce millones de documentos.
La primera sorpresa ha sido la filtración de los documentos en sí. La segunda, la extraordinaria rapidez con que algunos medios de comunicación, no solo argentinos, han pronunciado sentencia sobre algunas personas cuyos nombres aparecen en los citados documentos.
Si la ruta de los documentos es la que efectivamente señala el diario El País, entonces una fuente anónima habría entregado la documentación al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y este, en vez de publicar la exclusiva, los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists), que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.
Es evidente que fue esta última entrega masiva la que favoreció que la noticia, y el nombre de los involucrados, se esparciera por el mundo en cuestión de unos pocos minutos.
Pero ni para el diario alemán, ni para el consorcio de Washington, ni para el diario El País es materialmente posible analizar semejante volumen de documentación en tan breve periodo de tiempo.
El asunto #PanamaPapers es, muy claramente, ese tipo de noticias en las que el paso del tiempo, en vez de disminuir su impacto, lo acrecienta. Pero muchos medios -especialmente los argentinos- cayeron en la trampa, pensando quizá que un asunto que reúne documentos de cuarenta años del despacho de abogados Mossack-Fonseca se podría resumir y explicar «en un minuto».
Muchos detalles hacen de los #PanamaPapers un asunto complejo, imposible de diseccionar siquiera en 24 horas. En este plazo, la gran mayoría de los afectados por las filtraciones no ha podido ejercer su derecho a la defensa. Muchos se han apresurado y al hacerlo se han visto obligados a dar explicaciones insuficientes y, por supuesto, sospechosas.
De lo que no caben dudas a estas horas es que de los documentos filtrados se pueden extraer consecuencias políticas durísimas para algunos países y algunos líderes. Pero para determinar las responsabilidades individuales, que se insinúan muy cuantiosas, aún es muy pronto.
La inmediatez de la información en la sociedad tecnológica en la que vivimos no está reñida con la cautela, con la reflexión y con el análisis detenido de los fenómenos. Es preciso que los documentos salgan totalmente a la luz y, todavía más importante que eso es que quienes aparecen allí mencionados no maniobren para ocultar otras evidencias.
Pero si la prensa no actúa con responsabilidad (y por responsabilidad entendemos abstenerse de suplantar a los jueces) la información que necesitamos, que es solamente aquella de interés público, aparecerá enmascarada o distorsionada por los juicios mediáticos sumarios, a los que desgraciadamente estamos tan acostumbrados.
No hay que olvidar que recientemente, en 2011, España quitó a Panamá de la lista de paraísos fiscales y que tener sociedades o cuentas bancarias en otros países -aun los considerados como paraísos fiscales- no es delito, a menos que con ello se pretenda ocultar el dinero del fisco de los países de residencia.
Se abre ahora un periodo en el que las personas mencionadas en los papeles están obligadas a aclarar su situación societaria y contable, así como las haciendas de los países presuntamente perjudicados deberán demostrar que en la maniobra de deslocalización de las sociedades o del dinero ha habido un ánimo fraudulento de ocultación.
En unas pocas horas se pueden tejer tramas y conspiraciones hasta el infinito, pero no llegar a una convicción absoluta, como la que necesitan, por ejemplo, los jueces para pronunciar condenas penales.