Un comunicado de prensa de la organización ambientalista Greenpeace da cuenta de que sus activistas han procedido esta mañana a bloquear dos cisternas de combustible que se encontraban en la finca Chuchuy, ubicada en el Departamento de San Martín. El objetivo de esta acción, según Greenpeace, fue el de «frenar las topadoras en un desmonte ilegal». El mismo comunicado señala que, tras la intervención de los activistas, el director ejecutivo de Greenpeace Argentina, Martín Prieto, se dirigió a la Fiscalía de Tartagal en donde entregó las llaves de los bloqueadores y formuló una denuncia penal.
El comunicado de Greenpeace no se refiere en ningún momento a la legalidad de la actuación de sus activistas, así como tampoco a la eventual lesión de los derechos de los propietarios de la finca.
Antes al contrario, el director ejecutivo de la organización ha dicho que Greenpeace no puede quedarse de brazos cruzados. «Comprobamos en tierra lo que habíamos visto desde el aire; vimos los desmontes y decidimos actuar, ha dicho Prieto».
El directivo ha dicho también que «es inverosímil que el Gobernador Urtubey no accione o, mejor dicho, promueva este desastre ambiental que pasa por encima de la Ley Nacional de Bosques».
El comunicado de Greenpeace señala también que los activistas permanecen en el lugar, apostados frente a las cisternas, con la intención de impedir que continúe la actividad de las máquinas en el lugar.
El Fiscal Penal de Tartagal aún no se ha pronunciado respecto de la posible ilegalidad de los desmontes o de la actuación de los activistas de Greenpeace.