La noticias de que una joven estudiante secundaria de 19 años denunció haber sido violada por diez personas, en la localidad de Salvador Mazza, se suma a la incalificable agresión sexual sufrida hace algunos meses por una menor de edad de la etnia wichi por ocho personas en una cancha de fútbol del no muy lejano paraje Alto la Sierra. Salvo en algunos lugares de la India y en el Brasil, las violaciones multitudinarias no son frecuentes en los países civilizados. Algo está ocurriendo para que en la frontera norte del país se produzcan casos de esta naturaleza.
Contrariamente a lo que se cree, este tipo de hechos no se debe a la ausencia de controles policiales o a la deficiente actuación de jueces y fiscales. La razón de que la dignidad de la mujer valga dos monedas en el extremo norte de Salta es que el gobierno del señor Urtubey ha fracasado en el combate contra la ignorancia, contra la enfermedad y contra la pobreza.
A pesar de que el gobierno tiene una estructura administrativa bastante desarrollada para atender a las poblaciones en riesgo de exclusión social, carece de recursos efectivos y de estrategias de intervención rápida, como ha quedado palmariamente demostrado en el caso de la niña wichi violada en Alto la Sierra.
El gobierno pretende reconducir todas las tragedias a la «cultura» de las comunidades afectadas, pero antes que un problema cultural o judicial, la etiología de las violaciones en banda está emparentada estrechamente con las clamorosas ausencias del gobierno en los lugares en donde, se supone, no vale la pena cosechar el voto de los pobres.
Para terminar de marear la perdiz, se apunta contra los jueces y los fiscales, y no sería descabellado pensar que el asunto le cueste la cabeza también a algún jefe policial. Pero los ministros encargados de hacer llegar los recursos a quienes los necesitan y que solo cosechan fracasos, siguen firmes en sus puestos, con la vitola de héroes de la civilidad colgada de sus cuellos.
En los últimos tres años, se han multiplicado por diez las oficinas, observatorios y comisiones de lucha contra la violencia de género. En el mismo periodo la dignidad y la seguridad de las mujeres que viven en Salta ha tocado fondo. Nunca antes la vida de una mujer en Salta ha valido tan poco.
El gobierno no ha aprendido nada de las buenas lecciones que ofrece la realidad y sigue creyendo que abrir nuevas oficinas es la forma de luchar contra el fenómeno, con la complicidad de unas feministas de opereta que defienden esquemas teóricos que harían enrojecer de vergüenza a las feministas del siglo XIX, pero que ganan unos muy interesantes sueldos en el Poder Legislativo de Salta.