En términos muy generales, se denomina transición política al proceso de desmantelamiento progresivo de formas, instituciones y comportamientos propios de los regímenes dictatoriales que culmina con el establecimiento de un sistema democrático de gobierno. Las transiciones políticas se caracterizan por cambios inesperados, por reformas profundas y por circunstancias imprevistas que se traducen en una cierta precariedad, propia de las democracias aún no consolidadas.
Por estas razones es que no resulta apropiado llamar «transición» al proceso de traspaso de poderes entre intendentes municipales de diferentes color político, sobre todo cuando estos mismos rituales se vienen celebrando desde hace más de treinta años.
Si el traspaso normal de un intendente a otro lleva aparejado cambios inesperados, circunstancias imprevistas o reformas profundas, pueden ocurrir tres cosas: (1) que los intendentes que se alejan del poder han sido unos magníficos dictadores; (2) que, no siéndolos, el régimen político no sea todo lo democrático que sería de desear o (3) que en treinta años de democracia no hayamos aprendido nada.
Aquellos intendentes derrotados y desplazados que están poniendo en práctica una política de tierra quemada y que se van dejando tras de sí una administración arrasada, endeudada o superpoblada no solo son malos intendentes sino que además son enemigos de la democracia.
Pero tampoco cabe hablar entre nosotros de «transición» en el sentido de cambios profundos porque en un 90 por cien de los casos el intendente que llega solo aspira a arrasar, endeudar y superpoblar la administración municipal, pero por sí mismo; es decir, sin verse sujeto, oprimido o condicionado por «herencias recibidas».
Los cambios de intendente no tendrían por qué movilizar al gobierno provincial a lanzar un programa especial de organización de «transiciones». Hacerlo significa admitir no solo desorden administrativo sino también una preocupante incapacidad política.