El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta, esa polifacética asamblea popular que de vez en cuando se dedica a practicar ajustes de cuentas con la historia, se apresta a aprobar un proyecto para suprimir el nombre de la actual calle José Félix Uriburu y sustituirlo por el de 10 de diciembre de 1983. Las razones son por demás obvias: Uriburu -uno de los tres salteños que alcanzó la Presidencia de la Nación- fue un Presidente ilegítimo, pues accedió al poder en junio de 1930 tras derrocar por la fuerza de las armas a Hipólito Yrigoyen.
Al general de los grandes bigotes y delirios prusianos, no solamente le cabe el duduso honor de ser el primer presidente de facto de la historia nacional y el primero en llevarse por delante el orden constitucional, sino también el de ser uno de los principales y más prístinos exponentes del fascismo criollo.
A pesar de que los epígonos de Uriburu hoy gobiernan en Salta, la obstinada política monumenticida del Concejo Deliberante de la Municipalidad parece haber advertido que no es muy elegante que digamos, para una ciudad tan democrática, progresista e inclusiva como la que nos cobija, que una calle de Villa Soledad lleve el nombre de un aristócrata que eligió para morir el París de entreguerras.
Lo curioso y al mismo tiempo contradictorio es que mientras los concejales se aprestan a «descolgar el cuadro» de Uriburu, la historia nos cuenta que el general salteño gobernó el país asistido por un gabinete de ministros que bien podría ser, por su ideología y extracción social, el gabinete del gobernador Urtubey.
Acompañaron a Uriburu en el gobierno personajes de la talla de Matías Sánchez Sorondo, Octavio Sergio Pico, Ernesto Bosch, Adolfo Bioy y Horacio Beccar Varela, entre otros.
Esos nombres ilustres nada tiene que envidiar a la troika urtubeysta formada por el ultracatólico Sylvester, el menos fundamentalista Cargnello y el gaucho palaciego Diez San Millán.