Tambores de guerra resuenan en las proximidades del lago del Parque San Martín de la ciudad de Salta. Expirado el plazo para que los puesteros de comida rápida ilegalmente instalados en aquel espacio verde urbano se trasladen a los nichos del Paseo de la Familia, el que está considerado por las autoridades públicas como el desobediente civil número uno de la ciudad sigue sin deponer su actitud rebelde y sin allanarse a la Ley. Pese a las reiteradas amenazas de los funcionarios, el puesto del Tío Silisque sigue firme en su ilegítimo lugar y no parece que la situación vaya a cambiar radicalmente en las próximas horas.
El sanguchero tiene una bien ganada fama de pendenciero y más de una vez ha tenido enfrentamientos físicos con inspectores y periodistas, que han debido salir huyendo del lugar sin poder concretar sus propósitos.
Una de las últimas escaramuzas de esta particular guerra territorial ha tenido por escenario un poste del alumbrado público desde el cual el sanguchero obtenía la energía eléctrica para su local, a través de una conexión clandestina. La maniobra obligó a la empresa concesionaria a colocar en el poste una caja de titanio con soldadura de alta seguridad que, no obstante, fue forzada nuevamente a los pocos días.
A finales de agosto de 2014, Silisque suscribió con la Municipalidad unos contratos que, en principio, anunciaban su regreso a la legalidad, pero ocho meses después los contratos se han convertido en papel mojado, ya que el sanguchero, que es muy consciente de su poder y que parece haberle tomado la medida a los funcionarios, se niega a empotrarse en los micronichos de Muratore y pretende seguir en el mismo lugar de siempre.
La Municipalidad, con el secretario Mauro Sabbadini a la cabeza, han amenazado con clausura, lo que para Silisque parece ya un juego de niños. Pero también ha dicho la autoridad que si el sanguchero no cumple con lo acordado, se dará intervención a otros poderes del Estado. En este caso, se piensa en las topadoras de Vialidad Nacional, que podrían dejar reducido a escombros el carro de Silisque en cuestión de minutos, o en los tanques del Regimiento de Caballería de Montaña. La desconfianza en la Policía y en el Poder Judicial es mayúscula.
Mientras tanto, los consumidores hacen cola en el ilegal establecimiento porque sueñan con ser testigos de una batalla épica entre las fuerzas de la ley y la marginalidad de la milanesa; entre el código y la espumadera.
Si el asunto llega a tales extremos, la victoria de Silisque habrá sido rotunda, pues su intención ha sido desde siempre plantear la desobediencia civil en el plano de la coacción física directa.
La Municipalidad teme que la desafiante actitud del sanguchero provoque un «efecto llamada» y que en un futuro no demasiado lejano los dueños de los carros tirados por caballos o los puesteros del Patio de la Empanada apliquen la doctrina Silisque y resistan las ordenanzas y las fajas inspectoras a punta de cuchillo o con una manguera de garrafa encendida a modo de criminal soplete.
De continuar así las cosas, el «affaire Silisque» habrá dejado de ser un asunto de Policía del Consumo para convertirse en un asunto de los directores de cine o de los novelistas, que se están perdiendo la oportunidad de filmar la película o escribir la novela de su vida.