La información oficial señala escuetamente que el Ministerio de Gobierno «asesorará a los concejales de San Lorenzo en el proceso para el dictado de la carta orgánica municipal».La misma información aclara -en cierto modo- que este asesoramiento no fue iniciativa del gobierno sino de los concejales de San Lorenzo que fueron quienes plantearon «la necesidad de contar con acompañamiento técnico y legal en la reunión que mantuvo con el titular del organismo provincial Juan Pablo Rodríguez».
A decir verdad, el ministro Rodríguez no es, que se sepa, titular de ningún «organismo», sino que lo es de un ministerio. Es decir, de un departamento de Estado, sin vida propia ni personalidad jurídica diferente a la del gobierno que integra. Si este es el asesoramiento que prestará a los concejales, la futura carta orgánica municipal de San Lorenzo será, a buen seguro, un tremendo mamarracho jurídico.
Tampoco el Ministerio de Gobierno tiene entre sus facultades legalmente reconocidas la de ejercer de asesor de otro sujeto que no sea el Gobernador de la Provincia, del que depende.
Finalmente, el asesoramiento gubernamental a los concejales (miembros de un poder constituido) sobre la futura carta orgánica municipal (que debe sancionar un poder jurídicamente superior al constituido: la Convención Municipal) podría vulnerar el artículo 174 de la Constitución de Salta, que establece con toda claridad que aquellos municipios de más de diez mil habitantes que se propongan darse su carta orgánica deben convocar a tal efecto a la ya citada Convención Municipal.
La información oficial no dice que el asesoramiento solicitado al gobierno se limite al proceso constitucional previo (declaración de necesidad emitida por el Concejo Deliberante actual), sino que habla del proceso de «dictado», lo que claramente invade las facultades de un órgano constitucional que no ha sido consultado sobre la necesidad de tal asesoramiento.
Pero dejando a un lado estos temas, que son de por sí discutibles y complejos, si llegase a ser verdad que fueron los concejales los que tomaron la iniciativa de solicitar el asesoramiento del gobierno, el ministro Rodríguez debió negarse a prestarlo, por respeto a la autonomía municipal.
La futura carta municipal de San Lorenzo sería producto, no de la voluntad de los residentes en esta villa, sino de las directrices y orientaciones ideológicas del gobierno provincial, lo cual es sencillamente inadmisible.
Lo más grave del asunto, sin embargo, es que no será el iletrado ministro el que asesorará a los concejales sanlorenceños, sino la Subsecretaría de Asuntos Legislativos y Reforma Política, a cargo del abogado y militante izquierdista Martín Ávila, que días pasados cometió el insólito desliz de confesarse autor de un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados, a sabiendas de que el gobierno no puede «sugerir» declaraciones a las cámaras.
De ser verdad esto, el letrado señor Ávila habrá pisoteado la autonomía legislativa y la municipal con interferencias totalitarias en el funcionamiento libre de estos otros poderes, con diferencia de unos pocos días.
Ávila -que cuando fue concejal de la Municipalidad de Salta se empeñó en derribar el monumento militar que recordaba el Combate de Manchalá- permanece en el gobierno de Urtubey, sin decir una sola palabra, a pesar de que el Gobernador de la Provincia no tiene empacho en confesarse macrista.
Según el gobierno -que al parecer no dispone de estadísticas de población actualizadas- en la reunión con el ministro «se comentó» que San Lorenzo reúne ya los requisitos exigidos por ley para dictar su propia constitución, como la cantidad de habitantes que supera más de 10 mil.
Actitudes como esta no serían posibles si los subordinados de Urtubey no estuviesen convencidos, como están, de que no hay parcela del Estado que no les pertenezca en propiedad (enseñanzas del jefe), y que una mayoría circunstancial de votos les autoriza a meterse allí donde la Constitución les prohíbe que lo hagan.
Fuente: Gobierno de Salta