Debo admitir que me ha sorprendido la sensatez de algunas de las opiniones que el gobernador Urtubey ha expresado recientemente en la Provincia de Neuquén. A pesar de que no es la primera vez -entre tanto desvarío- que la lucidez mental se apodera de él, en esta ocasión sus juicios han sido particularmente atinados y no hay razón para negar su acierto.
Me refiero en concreto a tres opiniones: 1) la que expresa una queja por el hecho de que los presidentes Menem y Kirchner -ambos surgidos «del interior»- han sido dos de los mandatarios más centralistas de la historia del país; 2) la que critica que cuando en la Argentina se habla de «política económica» se habla exclusivamente de política monetaria o política cambiaria; y 3) la que denuncia que crear un puesto de trabajo en Salta cuesta mucho más que en Buenos Aires.
Es verdad que Urtubey no ganará el Premio Nobel de Economía por estas opiniones, pero en el momento tan especial que vivimos, y el que vive él, expuesto como está a que sus frecuentes errores verbales pongan en riesgo su candidatura presidencial, sus apreciaciones son importantes y merecen ser destacadas.
No está muy claro que, si consiguiera ser elegido Presidente, Urtubey no se convierta por derecho propio en el «tercer» presidente más centralista de la historia. Carga sobre sus espaldas con el enorme peso que supone haber sido, durante once años (hasta el momento) el Gobernador que más daño le hizo a la autonomía municipal en Salta y el que más poder territorial concentró, con mucha diferencia sobre sus antecesores. Aun así, el que se haya animado a cuestionar las derivas centralistas de Menem y Kirchner -a los que él apoyó con gran entusiasmo y sin haberse arrepentido de ello- parece un paso en la dirección correcta.
Menos dudas genera la segunda afirmación sobre la percepción de los políticos y de los ciudadanos acerca de nuestra economía. Es que Urtubey se ha dado cuenta de que no se puede vivir en la fantasía y que la «economía del dinero» solo genera falsas ilusiones y distorsiona la vida real, si la riqueza que el dinero se supone que representa no nace de una economía productiva vigorosa y diversificada.
Su gobierno es una muestra de lo que vale un peine, pues Urtubey ha colocado como Jefe de Gabinete a un experto en bicicletas financieras y mantiene a la ministra que -en teoría- se dedica y entiende de asuntos productivos preparando proyectos para fabricar banderas de ceremonia y delantales de jardín de infantes, ya que, como todos sabemos, fracasó su intento de traer a Salta una fábrica china de autobuses eléctricos.
Tanto el uno como la otra se muestran bastante activos en lo que se refiere a los impuestos, las cuentas públicas, los mercados, la tasa de interés o el tipo de cambio, pero son nulos a la hora de resolver un problema profundamente económico como lo es el del cierre del ingenio San Isidro. En esta diferencia se advierte con mucha nitidez lo que quiso decir Urtubey con la sobrevaloración de la «economía financiera».
Pero es bueno que se anime a decirlo, porque si algo necesita la Argentina es hacer un esfuerzo por comenzar a enternder la economía desde sus raíces, y no encasillarla en los moldes siempre estrechos de la especulación del dinero. Aunque Urtubey no lo ha dicho con estas palabras, es necesario volver la mirada hacia los factores de la producción y buscar la forma de liberar toda su energía, hoy disminuida por un sistema laboral obsoleto y refractario a las innovaciones, unas políticas promocionales ridículas y una actitud general de perplejidad frente a la «nueva economía» que tiene a los servicios digitales y a las tecnologías de la información como principales ejes impulsores.
La contribución de Urtubey a este cambio de mentalidad será decisiva, pero solo a condición de que se anime a poner un pie más allá del discurso y acometa las reformas necesarias en donde tiene poder para hacerlo. Es verdad que Salta -como cualquier otra provincia- no controla importantes variables de la economía (el tipo de cambio, la tasa de interés, las cotizaciones sociales, etc.), pero no es menos cierto que con las competencias que tiene en la materia podría hacer mucho más de lo que hace (de lo que hizo en estos últimos once años) para provocar un shock productivo que confirme que el Gobernador prefiere cimentar la fuerza de Salta en su economía real y no en los juegos financieros.
Finalmente, es cierto que crear un puesto de trabajo en Salta cuesta mucho más que en Buenos Aires y que esa situación se debe corregir cuanto antes. Pero al mismo tiempo de denunciar esta injusticia se debería tener el coraje y la honradez suficiente para reconocer que no toda la culpa es del pérfido centralismo del puerto, sino que el gobierno provincial ha puesto y sigue poniendo mucho de su parte para que una cosa como esta suceda. Para empezar, el gobierno de Salta -que es quien ostenta las competencias en materia de inspección laboral- tolera el fraude o lo combate con herramientas inadecuadas, y con ello permite que más de la mitad de las personas empleadas en el sector privado de la economía trabajen sin derechos y sin protección social.
Se podrá decir que esa «flexibilidad», antes que hacer los empleos más caros los abarata, pero eso no es cierto en absoluto. El fraude laboral es una espada de Damocles en un país en el que el más mínimo incumplimiento por parte del empleador lo expone a esa trituradora de patrimonios que se conoce como la «industria del juicio». Cualquier empresa sabe que en los lugares en donde el fraude laboral, el trabajo en negro y el salario encubierto son generalizados, los costes de extinción judicializados son enormes, porque es precisamente en ambientes como estos en los que la «industria del juicio» encuentra las condiciones ideales para medrar y reproducirse. Y este es un problema del gobierno provincial, de nadie más.
Por otro lado, a cualquier empresa que ande buscando un lugar en donde producir, le resultará más económico poner su fábrica o centro de trabajo allí donde encuentre mano de obra mejor formada, pues así se ahorrará lo que cuesta entrenar a un trabajador en su puesto. Cualquiera puede comprobar que el gobierno provincial gasta dinero para formar los oficios más anticuados y antieconómicos (costureras, panaderas, mecánicas de motos, artesanas del cuero, informáticos de nivel usuario, afiladores de cuchillos gauchos, fabricantes de botas camperas, etc.). Resultado: el capital humano de Salta se desvaloriza por horas. El dinero que se destina a la formación profesional, que debería ser una inversión, se convierte en un gasto improductivo. Así es muy difícil que alguien elija a Salta para invertir o para crear empleo.
A casi ningún inversor se le ocurriría arriesgar su dinero en una Provincia en donde, a pesar de que se le perdonan los impuestos, se cultiva el odio hacia el capital foráneo desde las más altas instituciones del Estado. Muchas empresas se pensarían si les sconviene establecerse en Salta, en donde son penalizadas por los servicios de consumo del gobierno, los inspectores municipales y los tribunales de justicia, por faltas que normalmente a los lugareños se les perdonan generosamente.
Luego, cualquier inversor medianamente responsable, querrá también que sus trabajadores, además de un buen salario, disfruten de unas prestaciones razonables y adecuadas del Estado del Bienestar (asistencia sanitaria, educación pública, vivienda, ayudas a la discapacidad, etc.), de un medio ambiente sano, de buenas infraestructuras, de seguridad en su desplazamiento y un cierto clima de tranquilidad social que favorezca la productividad y el rendimiento. El empresario sabe que si no invierte en transporte seguro para sus empleados, estos pueden ser aplastados por un colectivo en esas rutas infames que hay en Salta, cuando intentan llegar a su trabajo montados en su bicicleta. ¿Quién querría invertir y crear puestos de trabajo en una provincia donde la cultura de la productividad es inexistente o muy deficitaria? Cosas como estas son las que encarecen -o, en su caso, disuaden- la creación de nuevos empleos en Salta.
En suma, que el discurso está muy bien, aunque sea un discurso electoralista. Pero mucho mejor estaría reconocer los errores y ponerse a trabajar para enmendarlos. Algunos de los problemas identificados por Urtubey son de difícil solución (como el cambio de la cultura económica); otros, como la remoción de obstáculos a la creación de empleo con políticas provinciales adecuadas de promoción, no lo son tanto. Es cuestión de sentarse a pensar y de buscar las soluciones, porque en el fondo se trata de problemas universales y hay muchos países del mundo que han estudiado y aplicado unas soluciones que a nosotros nos convendría conocer.
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