A dos días de la celebración de las elecciones generales en España, casi nadie duda en este país de que los resultados han proclamado como segura perdedora a la coalición formada por Izquierda Unida y Podemos. La formación morada liderada por Pablo Iglesias ha visto recortado el apoyo popular en más de un millón de votos, a pesar de haber obtenido un número similar de escaños en el Congreso de los Diputados que el que conquistara en las pasadas elecciones de diciembre de 2015.
Más preocupante todavía es el dato de que Unidos-Podemos (la marca electoral de IU + Podemos) perdió una importante cantidad de votos en la ciudades en las que gobierna. Especialmente en la ciudad de Madrid, en la que ha retrocedido más de 100.000 votos.
Aunque en la Argentina se ha dado amplia publicidad a la presencia en Madrid del exministro de Economía del gobierno Kirchner, Axel Kicillof, para apoyar a Podemos, los principales dirigentes de esta coalición, con bastante criterio, han preferido mantener una estratégica reserva acerca de esta visita, a diferencia de Kicillof que publicó en su cuenta de Twitter una foto con Pablo Iglesias.
La razón, que podría ser sorprendente en la Argentina, no sorprende tanto en España, en donde no solo Podemos, sino hasta la derecha más radical vería con bastante desconfianza el apoyo de un diputado nacional electo en las listas peronistas. Recordemos que en España la identificación entre peronismo y autoritarismo liberticida es virtualmente absoluta.
Si a ello le sumamos el hecho de que Kicillof fue el último ministro de Economía de un gobierno peronista y fue quien decidió y defendió ante el Congreso Nacional la expropiación de la mayoría accionaria de Repsol en la petrolera argentina YPF, en España había motivos de suficiente peso para que Podemos prefiriera explotar electoralmente el apoyo de un líder europeo como Yanis Varoufakis y no la presencia de Kicillof.
En 2015, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuyas simpatías por el socialismo bolivariano y las tesis de Ernesto Laclau son bien conocidas, dijo sin que le temblara la voz que en la Argentina prefería a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y no la de Montoneros, por la vinculación que tenía (o tiene) esta organización con el peronismo. Iglesias no tuvo en cuenta en ningún momento a las víctimas que produjeron estas dos organizaciones terroristas, pero en cambio sí tuvo palabras hacia las víctimas de la banda ETA.
En su intento casi desesperado de presentarse al electorado como una fuerza «socialdemócrata», Iglesias intentó tomar distancia del régimen venezolano, en medio del huracán mediático provocado por las investigaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la financiación del novísimo partido de la izquierda radical española.
Sin embargo, Podemos no solo se negó a condenar abiertamente la detención de Leopoldo López en Venezuela, dejando caer que el dirigente opositor es autor de delitos materiales contra el orden constitucional en aquel país, sino que Iglesias en persona celebró la puesta en libertad y el regreso a la política de Arnaldo Otegi, el dirigente de la izquierda abertxale condenado por la justicia española por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Iglesias dio a entender que Otegi fue un preso político que pagó con prisión el crimen de defender sus ideas políticas, algo que paralelamente negó en el caso de Leopoldo López.
El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo se abstuvo en la resolución de esta asamblea instando de forma urgente al gobierno de Venezuela a poner en libertad a los presos políticos. Aquella resolución, votada el pasado día 8 de junio, resultó aprobada por 501 votos a favor, 94 en contra y 74 abstenciones, entre ellas las de Podemos.
Por último, no ha pasado desapercibido para la dirigencia de Podemos el estallido de los recientes escándalos de corrupción en Argentina y que tienen a encumbrados dirigentes del pasado gobierno kirchnerista como presuntos responsables. En medio de una campaña centrada, si no exclusivamente, en gran medida en la lucha contra la corrupción política, hubiera sido suicida hacer público el apoyo de quien fue ministro de Economía (y actualmente aforado, por ser diputado) de un régimen político envuelto en serias sospechas de corrupción al más alto nivel del Estado.
Por motivos similares, aunque no idénticos, tampoco fue aireada, como se esperaba en un principio, la presencia en Madrid de la dirigente social Susana Trimarco, una militante conocida por sus lazos con el gobierno kirchnerista, que dirige una organización que se encuentra también investigada por el presunto desvío de dinero público hacia fines particulares.