Los dos últimos gobernadores que la Provincia de Salta tuvo en los pasados veinte años se reunieron hoy para dar por superadas sus aparentes diferencias y exteriorizar un acuerdo sobre «asuntos fundamentales del gobierno del país».
La reunión fue convocada por Juan Manuel Urtubey, con la excusa de que va a reunirse también con los demás legisladores nacionales por Salta para buscar formar un frente común de cara a la puja distributiva de la coparticipación federal. A la misma acudió, sonriente y solícito, el senador Juan Carlos Romero.
Sin embargo, el encuentro entre ambos gobernadores fue interpretado como un «reencuentro», como una señal conjunta de una nueva alianza.
Durante los años del teórico desencuentro entre ambos mandatarios, Urtubey lideró contra Romero una brutal ofensiva judicial, que aún está dando coletazos sin perspectivas de inquietar al legislador.
De hecho, en su comparecencia ante la prensa, posterior al encuentro que mantuvo hoy con Urtubey, Romero negó cualquier entidad jurídica al pedido de desafuero formulado contra él por un juez letrado de la Provincia que lo investiga por presunta corrupción. Romero dijo -hablando en tiempo verbal pasado- que la solicitud judicial en realidad «forma parte de las idas y venidas de la política» y que «responde a un clima de enfrentamiento que hubo, pero que ya no existe más». De la corrupción de la que se le acusa, ni una palabra. De la autoridad del juez, nada.
Olvidados de las acusaciones de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, nepotismo, represión e insanía mental, que fueron muy frecuentes en la campaña electoral del año pasado, Romero y Urtubey dicen haber hablado de infraestructuras y del futuro de Salta. Al parecer, los aviones privados de uno y otro no encuentran en Salta un lugar adecuado para pasar sus noches.
Romero atribuyó a los Kirchner su distanciamiento de Urtubey: «El kirchnerismo dividió y nos enfrentó: fuimos partes de esas consecuencias», dijo el exmandatario, dando a entender que el que abrazó el kirchnerismo fue Urtubey y que ahora, que ha renegado de él, la convergencia es nuevamente posible.
Tanto lo es, que el propietario del diario El Tribuno ha adelantado que apoyará las aspiraciones presidenciales de su otrora contrincante Urtubey. «Si el Gobernador de Salta tiene éxito en su presentación nacional, hay que apoyarlo», ha dicho Romero sin apenas pestañar.
Romero ha calificado la reunión como muy positiva. El gobierno, a través de su aparato permanente de intoxicación en las redes sociales, ha sacado pecho por el encuentro y levantado a Romero el veto que pesaba sobre él desde aquellos lánguidos ataques que el jefe de redacción del diario El Tribuno dirigiera a Urtubey hace dos años y medio.
La reunión entre ambos líderes de la derecha peronista de Salta no ha suscitado, por el momento, reacciones ni comentarios en las filas de la oposición política. Ni siquiera frente a la aterradora perspectiva de que Urtubey sea sucedido en 2019 al frente de la gobernación de Salta por el propio Romero o por uno de sus hijos.
Tampoco se han oído las voces de algunos prominentes portavoces del gobierno, como el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, que hace unos pocos meses atrás extendió a Romero -su antiguo jefe- un vistoso certificado de defunción política.
Un 11 de marzo histórico
El encuentro entre Romero y Urtubey se ha producido en un día cargado de simbolismo para el peronismo salteño. Hace hoy 43 años, el 11 de marzo de 1973, el justicialismo lugareño concurrió unido a las urnas por última vez en su historia. Aquel día fue electo diputado nacional por Salta Julio Mera Figueroa, tío del actual gobernador, y el empresario Roberto Romero, que había fracasado en su intento de montarse sobre la derrotada lista Azul y Blanca de la derecha peronista, pero pudo desempeñarse como tesorero de una campaña cuyo mayor peso soportaron los grupos mayoritarios Lista Verde y Reconquista-Coalición del Interior.Tres años más tarde, el 11 de marzo de 1976, el peronismo salteño sufría un duro varapalo al producirse, en las postrimerías del gobierno de Isabel Perón, y cuando en Salta campaban a sus anchas grupos policiales que actuaban fuera de la ley, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ragone, el gobernador provincial electo tres años antes y que no llegó a completar su mandato al haber sido dispuesta la Intervención Federal de la Provincia en 1975.