La decisión de Boris Johnson -un Primer Ministro que no ha sido elegido por el voto de sus conciudadanos- ha perpetrado así un auténtico golpe de Estado, calificado como «escándalo constitucional» por el propio presidente de la Cámara de los Comunes.
El asunto es muy grave, no solo porque la decisión de Johnson no es muy diferente a la que en circunstancias parecidas podrían haber adoptado personajes como Nicolás Maduro o Rodrigo Duterte, sino también porque persigue un objetivo político ilegítimo que no es otro que el de restar tiempo a la oposición para frenar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.
El cierre del Parlamento es ilegítimo también porque quienes propusieron y votaron en su día la salida del Reino Unido de la Unión Europea -entre ellos el mismo Johnson- prometieron a los británicos que el Brexit tenía por objetivo restaurar la soberanía de la Cámara de los Comunes y que los ciudadanos del Reino Unido pudieran volver a tomar el control de sus leyes.
Ahora resulta que tanto la Cámara de los Comunes como las leyes del reino son un obstáculo para el progreso del Brexit «a lo bestia» que propone el nuevo Primer Ministro, a quien ahora le conviene un Parlamento cerrado y silenciado, con su capacidad para sancionar leyes convenientemente neutralizada. A los M.P. de la oposición solo les quedarán así unos pocos días para decir algo acerca del más grande desafío que deben enfrentar los británicos desde el final de la segunda guerra mundial.
El mensaje perverso para las democracias del mundo no solo es la suspensión temporal del Parlamento sino también la mentira y el desprecio por la negociación democrática. Mentira, por cuanto los partidarios de Johnson dicen ahora que forzar la salida de la UE sin acuerdo comporta honrar el resultado del referéndum, cuando la verdad es que la campaña del leave siempre estuvo basada en la idea de un Brexit negociado; incluso de uno negociado fácilmente.
En el Reino Unido muchos recuerdan las palabras de Michael Gove, partidario del Brexit cuyo nombre sonó hasta último momento para reemplazar a la debilitada Theresa May: «Pero no votamos un Brexit sin acuerdo. Este no fue el mensaje de la campaña que yo he ayudado a liderar. Durante la campaña dijimos que alcanzaríamos un acuerdo con la Unión Europea y que nos convertiríamos en parte de la zona de libre comercio que cubre toda Europa, desde Islandia hasta Turquía».
Más contundente aún, Gove ha dicho más tarde: «Abandonar la UE sin acuerdo el 29 de marzo no honraría nuestro compromiso de campaña. Indudablemente provocaría turbulencias económicas».
Otra mala lección para las democracias emergentes del mundo es el hecho de que solo un año después del referéndum del Brexit, el 54% de los británicos han votado a partidos y candidatos que abogan por permanecer en la UE. Y una mayoría importante de los electos han votado en contra de una salida sin acuerdo.
La decisión de Boris Johnson es una palmada en la espalda a los tiranos del mundo, a los que han convertido a sus parlamentos en títeres, a los que desprecian la negociación con sus opositores, a los que mienten a sus ciudadanos e incumplen sus compromisos de campaña, a los que les gusta tomar atajos despreciando la legalidad preexistente. Ellos, enemigos enmascarados de la democracia, bailan en una pata al saber que en la democracia más estable del planeta y en la que el Parlamento ostenta la soberanía de forma indiscutida, un líder mesiánico que no ha sido electo para el cargo que ocupa, decide pisotear la fuente de la soberanía nacional y someter a las instituciones a sus propios designios.
Si hablásemos de la Provincia de Salta o de Formosa, quizá el nivel de escándalo sería menor. Muchos dirán seguramente que comparar nuestra democracia con la británica equivaldría a poner en un mismo escalón a Paul McCartney y al Chaqueño Palavecino. Pero hablamos del Reino Unido, de su Parlamento, de su reina, de su Primer Ministro, y esto -créanme- no es poca cosa para los que están pendientes de la evolución de la democracia en el mundo.
La «prórroga» del Parlamento forzada por Boris Johnson y firmada por la reina Isabel II suponen, de hecho, suspender la democracia parlamentaria, y una cosa como esta «va en contra de todo aquello por lo que lucharon y murieron aquellos hombres que vadearon nuestras playas».
Estas dramáticas palabras fueron pronunciadas por Matt Hancock, un hombre que ahora integra el gabinete de Johnson, antes, por supuesto, de que su jefe adoptara tan tremenda decisión. Aunque Hancock probablemente se desdiga y, obedeciendo a Johnson, defienda esta desgracia antidemocrática, tiene razón. La suspensión calculada del Parlamento es una ataque directo a la democracia; pero no solo a aquella democracia por la que lucharon con sacrificio y derramando sangre los ingleses, sino muchos hombres y mujeres de diferentes nacionalidades en varios países del mundo.
Es por esta razón que la decisión de Boris Johnson tiene que ser rechazada y resistida en todo el mundo, incluso en lugares como la Argentina en donde la democracia solo se mira al ombligo y se resiste a compararse con otras. Cuando la democracia es atacada de esta forma, solo para permitir la supervivencia del Partido Conservador y para que una camarilla de fracasados aseguren su propias carreras, es deber de los demócratas, en cualquier lugar del planeta en que se encuentren, levantar la voz y exigir la restauración plena de las facultades del Parlamento.