Según dice la información oficial, el convenio tiene por objeto el de «ofrecer a los consumidores opciones ventajosas en la adquisición de bienes y servicios».
Sin embargo, ninguna norma con rango de ley autoriza a la Secretaría de Defensa del Consumidor a oficiar de trampolín para promocionar a ninguna empresa en desmedro de las otras, especialmente cuando se trata de negocios que entablan relaciones económicas con los consumidores.
Al cambio, es como si los policías de tránsito suscribieran un convenio con un vendedor de motos determinado, aprovechando que este ofrece supuestas «condiciones ventajosas». El caso es que los mismos policías son los que tienen luego que controlar que dichas motos cumplan con la normativa de circulación, y, en caso de incumplimiento, imponerle las multas correspondientes.
La autoridad de aplicación de la ley nacional de defensa del consumidor no puede, por razones que son demasiado obvias, señalar a ninguna empresa como «más beneficiosa», «más honrada» o «más respetuosa de los derechos del consumidor». El trabajo del gobierno en este terreno se limita a evitar que el consumidor sea engañado o defraudado por el comerciante, y no «salir a buscar ofertas» ahogando así la libertad de elegir de los consumidores.
De los términos de la «promoción» suscrita por Morello con este negocio se desprende que muy difícil lo va a tener el gobierno si es que algún consumidor, en ejercicio de sus derechos, presenta una reclamación por inclusión indebida de cargos en el extracto mensual de la tarjeta o por incumplimiento de un acuerdo conciliatorio (por solo poner dos ejemplos).
Al tratarse de un «socio preferente» del gobierno, Morello no va a poder concluir ningún expediente sancionador con una resolución favorable al consumidor si de la otra parte se encuentra una empresa que previamente ha recibido la bendición del gobierno, como «más ventajosa».
Ya lo último que se podía esperar, era que la comunicación oficial del gobierno, además de mencionar a la empresa beneficiada por este convenio por su nombre comercial, detalle el lugar concreto en que se encuentran sus sucursales, y las diferentes especialidades comerciales que «participan» en las promociones.
Esta actitud, quizá más que la promoción en sí, destruye la neutralidad de la Secretaría de Defensa del Consumidor, hace sospechar, por tanto, de su parcialidad en los expedientes administrativos que tramita, así como de otras cosas más graves, y le resta, en definitiva, cualquier autoridad (si es que antes, con Morello al frente, la tenía).