Salta, la quinta provincia de mayor aumento del empleo público en la Argentina

  • El brutal aumento de la burocracia a sueldo del Estado en la Provincia de Salta no ha traído aparejado ni una mejora en los servicios públicos, ni en la calidad institucional, cuyo deterioro en el periodo estudiado es evidente. Sin embargo, ha proporcionado al gobernador Urtubey tres mandatos consecutivos de cuatro años cada uno.
  • Crisis de las finanzas públicas de Salta

La profunda crisis de las cuentas públicas del Estado, las presiones inflacionarias y la acelerada devaluación de la moneda son la causa del empobrecimiento de vastos sectores de la población que perciben rentas fijas, fundamentalmente trabajadores asalariados y jubilados.


Detrás de este fenómeno se oculta la política irresponsable de algunas provincias -especialmente las más pobres- que no han encontrado mejor solución a sus problemas que meter la mano en el saco sin fondo del empleo público y del gasto público improductivo, con el doble objetivo de evitar el coste político de las reformas de la economía y de crear una legión de dóciles empleados, a los que se expropia su libertad de elegir y que funciona como cantera de votos para el poder de turno.

Según un estudio realizado por el economista argentino Roberto Cachanosky, sobre datos oficiales del Ministerio de Hacienda del gobierno federal argentino, el aumento medio porcentual del empleo público en las diferentes provincias argentinas en el periodo 2003-2016 ha sido del 59,5%.


Sin embargo, un selecto grupo de provincias -entre las que se encuentra Salta- ha engordado la planta de personal del Estado en niveles muy superiores.

A la cabeza se encuentra la Provincia de Tierra de Fuego, con un aumento del empleo público en el periodo estudiado del 119,2%. Le siguen la Provincia del Chaco, con el 113%; la Provincia de Santa Cruz, con el 106,9%; la Provincia de Jujuy, con el 94,1%; la Provincia de Salta, con el 83%; la Provincia de Chubut, con el 80,3%; y la Provincia de Catamarca, con el 78,4%.

Las cifras revelan que, entre las provincias consideradas «pobres», Salta ocupa el tercer lugar, detrás del Chaco y Jujuy.

Llamativo es que, al menos en Salta, el brutal aumento de la burocracia a sueldo del Estado no ha traído aparejado ni una mejora en los servicios públicos, ni en la calidad institucional, cuyo deterioro en el periodo estudiado es evidente.

Entre 2003 y 2016 gobernaron en Salta solo dos personas (a diferencia del Chaco, que tuvo cuatro gobernadores, y de Jujuy, que tuvo tres). Sin embargo, los datos de que se disponen permiten situar la mayor parte del aumento de la burocracia improductiva de Salta durante los mandatos de Juan Manuel Urtubey, uno de los gobernadores que rápidamente ha salido a decir que no piensa reformar la economía de su provincia y que planea, al menos, mantener el volumen del empleo público.

Sin embargo, a pesar de que Salta ha aceptado poner en práctica medidas de restricción del gasto y de eficiencia de la recaudación fiscal, a menos de un año de la puesta en marcha de estas políticas, no hay nada en el horizonte que indique que Salta esté dispuesta a cumplir lealmente con sus compromisos. La decisión personal de Urtubey de seguir apostando por el empleo público es contemplada ahora como insolidaria, no solo por los ciudadanos de Salta, sino especialmente por los argentinos que viven en otras provincias, que ven cómo su esfuerzo está sirviendo para que algunos gobernadores irresponsables hagan su negocio electoral, sin apenas pagar el coste político de la impopularidad en sus territorios.

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