El gobierno de Urtubey anunció ayer que la Secretaría de Defensa del Consumidor «acompañará las presentaciones realizadas por usuarios y asociaciones salteñas» en relación con el significativo aumento de las facturas de gas. El anuncio dice también que el gobierno «garantizará la continuidad del servicio de gas». La comunicación del gobierno no dice de qué manera lo hará. Lo que sí aclara es que la garantía prometida no es universal, en el sentido de que abarca a todos los usuarios, ya que, según el gobierno, solo les será garantizado el servicio a todos aquellos usuarios que presenten su queja ante la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Recuerda el gobierno que el Ente Regulador del Gas aún no ha resuelto el pedido que los usuarios salteños formularon ante el Ministerio de Energía de la Nación, «para que el impacto de la suba sea menor». Razón por la cual y hasta tanto este expediente sea resuelto por la autoridad competente, el gobierno trabajará para evitar la restricción del servicio a los usuarios residenciales. Otra vez, omite decir de qué manera lo hará. Tal vez lo consiga a través del empleo de la magia.
Para el gobierno se encuentran en la misma situación los usuarios que recibieron «facturaciones exorbitantes» y los que no afrontar el pago. Pero así como hay usuarios que recibieron facturas elevadísimas con capacidad económica para pagarlas, hay otros que a los que les llegó una factura que dista mucho de ser exorbitante pero que sin embargo no pueden pagarla.
Los primeros -los de las facturas exorbitantes- pueden presentar su queja ante la oficina del Defensor del Consumidor, en donde -dice el gobierno- se revisará la facturación y «se canalizará el reclamo» (es decir, se trasladará la queja) a la empresa Gasnor y a Enargas.
Una vez más, el gobierno no tiene ninguna previsión de que estos trámites se puedan hacer por vía telemática. Al contrario, en su comunicación aclara que la reclamación se debe hacer personalmente (esto es, de forma presencial) en una ventanilla habilitada para tal fin, en la calle España 1350.
Impacto de la tarifa social
Dice el gobierno que los usuarios todavía pueden solicitar que se les aplique la llamada «tarifa social», que en términos más sencillos significa «gas un poco más barato».Recuerda que los trámites para obtener esta reducción del precio se pueden hacer en las oficinas de Gasnor y en Participación Ciudadana (Santa Fe 25).
Añade que unos 75 mil usuarios del servicio de gas (prácticamente el 50% de los usuarios) ya se han acogido a esta reducción, lo cual no es precisamente una excelente noticia para el gobierno, pues supone admitir que al menos la mitad de la población de la Provincia de Salta se encuentra en situación de pobreza.
Falta de información
A juicio de la Secretaria de Defensa del Consumidor, señora Carina Iradi, los problemas han surgido porque no se brindó la suficiente información previa acerca del aumento para que los “consumidores pudieran dimensionar el impacto de la medida”.Es decir, nadie le dijo a los salteños que ya no es posible seguir consumiendo toneladas de gas como si fuese gratis.
Y añadió que tampoco se puso a disposición de los usuarios mecanismos que permitan el control seguro de la implementación de las nuevas tarifas del gas. Por esta razón, dice Iradi, se reciben y continuarán recibiendo las reclamaciones de los usuarios en las oficinas del organismo.
Gestiones del gobierno
El titular de la Secretaría de Servicios Públicos del gobierno provincial de Salta, señor Carmelo Russo, ha dicho por su parte que «el gobierno gestionará la no restricción del servicio para los usuarios residenciales».Lo cual, de ser cierto, revelaría que la llave del gas no la tiene Gasnor sino el gobierno y que son sus funcionarios los que deciden (o pueden influir para que otro decida) cortarle el gas a uno y hacer que fluya en las hornallas de otro.
Las palabras de Russo son bastante más prudentes, porque no habla de garantizar el servicio de gas (algo que está al alcance del gobierno, no solo por razones operativas sino también competenciales) sino simplemente de «gestionar»; es decir, llamar por teléfono a la compañía y pedirles que aguanten los impagos de facturas sin cortar el suministro. Y a ver qué pasa.