Dicha así, en tono peyorativo y con intención deslegitimadora, la afirmación de la senadora pone de manifiesto hasta qué punto algunos de nuestros legisladores ignoran muchos puntos esenciales del diseño constitucional del que ellos mismos forman parte.A la senadora Vargas no le gustará, llegado el caso, que cuando el Senado deba resolver un caso de juicio de político, alguien intente descalificarla diciendo que pretende ejercer "una facultad judicial".
Es muy difícil -aunque no imposible- desacreditar a alguien diciéndole la verdad de sus circunstancias.
La senadora Vargas intenta descalificar la designación de Cornejo como "una cuestión política", sin saber que el gobernador, cuando remite el pliego al Senado ejerce una facultad política indelegable y que, como tal, debe atender tanto a criterios de legalidad como de oportunidad y conveniencia políticas.
Ignora también Vargas que en nuestro sistema judicial, los jueces -y muy especialmente los que integran la Corte de Justicia- son "jueces políticos", en el sentido de que, junto a las facultades jurisdiccionales que son propias del poder judicial (por ejemplo, resolver, con arreglo a la Ley las controversias jurídicas entre los ciudadanos) ejercen también "facultades políticas" como lo son todas aquellas relacionadas con el control de constitucionalidad y, en concreto, con la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
Al prever la constitución que los jueces ordinarios ejerzan tan importante función (que en otros sistemas es atribuida a tribunales constitucionales), parece lógico que el poder político deba intervenir en su designación realizando un jucio de idoneidad previo. Esta intervención no sólo se concreta en la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva determinada designación, sino que el Poder Legislativo -en este caso, el Senado- confiera el acuerdo. La designación de los jueces, pues, es un proceso "político" en el mejor sentido de la expresión.
Si lo jueces salteños (y los argentinos en general) no estuvieran investidos de esta doble función -jurisdiccional y política- el poder político no tendría razones para intervenir ni en su designación, ni en el control de su desempeño, ni en su destitución. El llamado "autogobierno" del poder judicial sólo es posible -y deseable- cuando los jueces carecen en absoluto de facultades políticas. Lo contrario significaría legitimar el ejercicio de funciones políticas en órganos que no están sujetos a los controles democráticos que ejerce la base social a través de sus instancias representativas.
Si nos parece bueno que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por la representación de la soberanía popular, nos tiene que parecer igualmente bueno que sean "designados políticamente", con total independencia de las formas que los propios jueces organicen para promover sus carreras y mejorar sus cualificaciones. Precisamente es la "designación política" (y su contrario, la "destitución política") la que asegura la coordinación de los órganos del Estado que, perteneciendo a poderes distintos, deben operar sobre la misma realidad (por ejemplo, las leyes).
Son las lecturas apresuradas de Montesquieu las que conducen a negar la intercomunicación entre los poderes del Estado y a intentar demonizar todos aquellos mecanismos que, so pretexto de defender la total separación entre aquéllos, apuntan a debilitar los controles recíprocos, que existen no por otra razón que para ensanchar los límites de la libertad y reforzar las garantías de los derechos del ciudadano.
Si la senadora Vargas desea no enfrentarse más a "designaciones políticas" de jueces, bien podría comenzar por renunciar o, si se anima, podría sorprendernos con un proyecto de la reforma de la constitución de Salta para independizar el poder judicial totalmente del poder político, creando en nuestra Provincia un Tribunal Constitucional y dejando que la Corte se ocupe solamente de la legalidad ordinaria.