La teoría oficialmente instalada es la de que la droga no fue cargada en Salta y que esta ciudad sirvió solamente como pantalla o tapadera para simular un vuelo legal, procedente de un país «poco sospechoso» en materia de narcotráfico.
Sin embargo, a medida que se van conociendo datos de la operación del avión y el modo en que han procedido las autoridades mexicanas, la teoría oficial salteña parece cada vez más difícil de sostener.
Un fiscal argentino ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado que le sean entregadas las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Salta, desde que el avión que transportó la droga aterrizó aquí (hecho que ocurrió el día lunes 27 en horas de la noche), hasta que emprendió vuelo hacia México (durante la madrugada del martes 28 de enero).
Autoridades y fuerzas de seguridad del aeropuerto se defienden diciendo que durante todo el tiempo que el avión estuvo en Salta permaneció en la pista (se supone que vigilada permanentemente) y que no entró a ningún hangar. Del mismo modo, afirman que el visionado de las cámaras de vigilancia les permite asegurar que durante su estancia en la pista no se registró actividad sospechosa alguna, lo cual en cierto modo se contradice con la cautela del fiscal que ha pedido las grabaciones de las cámaras para examinar, entre otras cosas, su integridad.
Sostienen también los salteños que la aeronave en cuestión fue exhaustivamente revisada antes de su despegue, como señalan los protocolos vigentes, y que no fue inspeccionada a su arribo porque la normativa actual no lo exige. La teoría es que el avión, pilotado por dos ciudadanos bolivianos, despegó «limpio» del aeropuerto de Salta; que, en consecuencia la droga no estuvo en ningún momento en Salta y que pudo haber sido embarcada en otro país, camino hacia México.
No es eso, sin embargo, lo que recogen algunos medios de comunicación, como La Vanguardia, que sugiere que, después de despegar «de la provincia Argentina de Salta, próxima a la frontera con Bolivia», el aparato no tocó tierra sino cuando fue obligado por aviones de combate de la Fuerza Aérea mexicana a aterrizar en el aeródromo de la pequeña localidad costera de Mahahual, en el Estado de Quintana Roo.
En la misma línea, el diario británico The Daily Mail (también Engnews24h.com, The News & Observer y The San Diego Union Tribune) afirman que la droga que el ‘narco jet’ pretendía introducir en México provenía de la Argentina y no de otro país.
La información oficial del gobierno de México
La información oficial del gobierno mexicano se limita a decir que sus militares «realizaron el aseguramiento de una aeronave que transportaba paquetes con características propias de la cocaína».Con un poco más de detalle, se informa también que «mediante el Sistema Integral de Vigilancia Aérea de esta Dependencia se detectó una aeronave ilícita en aguas nacionales, procedente de Argentina con destino a Cozumel, Q. Roo., por lo que se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, con el fin de realizar el seguimiento».
Frente a esta información, cabe preguntarse por qué motivo, si los pilotos bolivianos dejaron bien documentado en el aeropuerto de Salta su plan de vuelo, con expresión del aeropuerto de destino, y el mismo no despertó ninguna sospecha en las autoridades aeoportuarias, una vez que el avión se aproxima a Cozumel, el SIVA mexicano lo califica automáticamente como «aeronave ilícita». Si el avión no tenía permiso para sobrevolar las aguas internacionales próximas a México o no podía tomar tierra en Cozumel, por el motivo que sea, ¿cómo es posible que se hubiera autorizado su decolaje desde Salta?
#Comunicado Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos aseguran aeronave y droga en el estado de Quintana Roo.https://t.co/KD7mt8QXuF pic.twitter.com/qhmOHmsHmc
— SEDENA México (@SEDENAmx) January 29, 2020
Un hecho sumamente grave para Salta
Sea que la droga hubiera sido cargada en Salta, sea que el avión ya la trajera consigo cuando llegó la noche del lunes 27, o sea que la aeronave vino y se fue vacía (sin los pasajeros que presuntamente motivaron su descenso en nuestra Provincia), en cualquiera de los tres casos se puede hablar de un grave déficit de seguridad y de vigilancia por parte de las autoridades salteñas.La gravedad de este suceso no se puede minimizar con teorías fantásticas sobre la ruta de la droga sino desmontarse pausadamente mediante un estudio pormenorizado de las circunstancias y la evaluación de la eficacia y eficiencia de los medios de vigilancia locales.
La menor sospecha de que el territorio salteño o sus instalaciones puedan servir de trampolín para el narcotráfico internacional o de escenario de despliegue de sus estrategias y operaciones es una pésima noticia para Salta. En este momento y en cualquier otro.
Todos los focos se centran ahora en el aeropuerto de Salta, una instalación provincial que, por su destino, está sometida a la autoridad federal.
Al fiscal que ha prevenido en el asunto le corresponde reconstruir toda la operación del Gulfstream GLF3 con matrícula norteamericana N18ZL, aeronave que, por pedido de su propietario, no es ‘trackeable’ a través de los servicios online.
En caso de que esta investigación concluyera en que el avión no tocó tierra sino hasta que fue obligado a descender en Mahahual, la situación será de una gravedad extraordinaria para Salta, para su gobierno y para su sociedad, pues si el caso fuera este, es más que probable la existencia de una sofisticada red de complicidad en Salta, no solo con capacidad logística para mover un volumen semejante de droga por nuestro territorio sin apenas levantar sospechas, sino también para sortear -no se sabe aún si con ayuda interna o sin ella- lo que se supone deberían ser los controles más estrictos por parte de nuestra autoridad aeroportuaria.