El gobierno provincial de Salta ha informado que el Ministerio de Seguridad -el mismo que difunde sin derecho en las redes sociales imágenes captadas con fines de vigilancia y prevención del delito- va a instalar «más de 18 cámaras» en las localidades de Cerrillos, La Merced y San Agustín.
El anuncio fue efectuado tras la visita al sistema de emergencias 911 del Intendente Municipal de La Merced, señor Juan Ángel Pérez, de la senadora provincial por el Departamento de Cerrillos, señora María Laura de la Zerda, y del hijo de esta, el concejal de la Municipalidad de Cerrillos, señor Carlos Jorge.
Los tres fueron recibidos en las instalaciones de la Policía por el Ministro de Seguridad del gobierno provincial, señor Carlos Cayetano Oliver.
Tras esta reunión se ha ratificado la información que habla de la instalación en todo el territorio provincial de 1400 cámaras de vídeovigilancia «de última generación», que van a reemplazar las actuales.
Dice la información que las cámaras «serán redistribuidas según los criterios de los profesionales técnicos y policiales». Lo que de verdad hubiera sido noticia es que la decisión sobre el emplazamiento de las cámaras no fuera adoptada por especialistas en seguridad sino por los delincuentes, borrachos y vagabundos de estas localidades.
Dice el gobierno que las nuevas cámaras que prevé insalar tienen una «resolución mínima en Full HD y 4K», lo cual sume en la perplejidad al ciudadano, puesto que solo una de las dos puede ser considerada «mínima» (1080p o 3840 × 2160).
El ministro Oliver ha calificado de «características innovadoras» el que sus cámaras manejen distintos niveles de luz en la misma escena, cuenten con lentes motorizados o protección antivandálica, que son cosas que este tipo de cámaras traen incorporadas desde hace por lo menos treinta años.
Para Oliver, las nuevas cámaras permitirán a Saltar contar con «nuevas herramientas de procesamiento inteligente de las imágenes». Sin embargo, el gobierno no informa todo lo que pueden hacer las cámaras y el software de vigilancia, y si bien dice que van a ayudar a prevenir el delito -lo cual es demasiado obvio- no dice ni dirá nunca cuál es el riesgo que enfrentan los ciudadanos cuya imagen es captada por las cámaras ni a quién deben dirigirse para hacer valer sus derechos.