Sin reparar en el agravio que supone al derecho a la igualdad, consagrado por la Constitución y afirmado por convenios internacionales, y sin que al comunicador oficial le parezca improcedente e impreciso el empleo del adjetivo «criollo», la noticia publicada en la página web del gobierno dice que el convenio apunta a mejorar la calidad institucional «especialmente en comunidades originarias y criollas de la zona de emergencia».
De acuerdo con la misma fuente, el convenio ha sido llamado con el sugestivo título de «Unir saberes contra el hambre», tal y como estos «saberes» se encontraran dispersos o faltos de coordinación. Lo cierto es que en los últimos 60 años, con los saberes unidos o sueltos, ningún gobierno ha dado en el clavo en materia de reducción de la pobreza.
Dice la información oficial que el convenio, firmado por el gobierno, instituciones académicas y organizaciones sociales, establece un «marco de colaboración», cuyo objetivo -atención- es la «generación de sinergia entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, universidades, organismos de cooperación y el sector privado para acompañar desde lo inmediato con formación e investigación, estrategias concretas que promuevan la mejora de la calidad nutricional, las políticas públicas de alimentación que se implementan desde el Estado y el acceso a la alimentación, desde el marco de la promoción de la salud y el desarrollo social».
Llamativo es, sin dudas, que los contratantes se propongan «acompañar desde lo inmediato», ya que esta acción no concuerda con las actuaciones que el propio convenio prevé y que se resumen en la segunda parte del anterior párrafo.
Lo que con mayor claridad dice la información oficial es que quienes «unirán sus saberes contra el hambre» son los señores y señoras Juan José Esteban, Verónica Figueroa Páez y Matías Cánepa Outes, representantes del gobierno, a los que se suman una asociación civil de carácter privado y un centro de investigaciones médicas.
Metodología y discurso repetido
Según el gobierno, el trabajo propuesto por el programa representa la continuidad del registro y análisis de datos recolectados por diversos programas que se ejecutan desde Desarrollo Social, para brindar contención y asistencia alimentaria y continúan realizándose.La información en tal sentido obliga a recordar el robo de los datos perpetrado en el ámbito del extinguido Ministerio de la Primera Infancia, creado por el exgobernador Juan Manuel Urtubey, cuando este finalizó el tercero y último de sus mandatos.
Sin apenas diferencias de lenguaje, el actual gobierno de Salta repite los grandilocuentes objetivos de los cerebros del big data diciendo que «a partir del procesamiento de esa información, se pretende generar políticas sobre una base concreta, referente a gustos, costumbres y características geográficas vinculadas a la alimentación de cada una de las regiones y comunidades, partiendo de la valoración de las prácticas culturales locales tendientes al bienestar y la salud integral».
Según la misma información, el convenio Unir saberes contra el hambre establece cuatro ejes de trabajo: formación e investigación en lo referente al fortalecimiento institucional por un lado, y en cuanto a las intervenciones de redes de articulación, la implementación y asistencia por parte del Estado.
Sin abandonar la línea de las palabras difíciles pero de gran sonoridad, el gobierno dice que su programa es «una iniciativa operativa y territorial para el acompañamiento comunitario, y tiene como prioridad promover el acceso a la alimentación, desde el marco de la promoción de la salud y el desarrollo social». Otra vez, la comunicación oficial omite decir qué es lo que exactamente se entiende por «acompañamiento comunitario».