Desde que se supo que la epidemia podría clavar sus garras en nuestro piadoso valle, sus habitantes más notables se dieron a la tarea de encontrar a como dé lugar al primer portador, y posible diseminador, del temible agente patógeno.
Casi todos esperaban que fuese un extranjero -a poder ser, inglés, teniendo en cuenta la escasa simpatía que nos provocan los hijos de la pérfida Albión- pero ha querido el destino que el primer caso positivo de coronavirus detectado en esta tierra sea el de un salteño común y silvestre, bastante parecido a cualquiera de nosotros.
Saber de quién se trataba, para atacarlo y reprocharle que hubiera traído al enemigo a la puerta de nuestras casas, era tarea obligada para esos indómitos gauchos, enemigos estructurales de «lo foráneo».
Lo que no calcularon quienes se decidieron a «derribar al hombre» es que el infectadito ya había contraído la enfermedad; es decir, que no era simplemente un portador sano sino que se había convertido en un «paciente» con derechos.
De repente, saber quién era, cómo es él y a qué dedica el tiempo libre, se volvió una tarea inútil para la lucha contra la pandemia. Quedaba subsistente sin embargo el morbo, ese sentimiento que en Salta mueve montañas y nos lleva a indagar obsesivamente en las vidas ajenas. Por ningún motivo era razonable que los salteños nos quedáramos finalmente sin saber los datos fundamentales de la identidad del perverso introductor de la enfermedad, cuyo lugar en la escala histórica de la infamia es o debería ser homologable a la de aquellos aviesos navegantes que acompañaron a Colón y que contagiaron a nuestras sanísimas nativas de tremendas enfermedades venéreas.
Pudieron haber salido los «comandos civiles» a hurgar entre la documentación clínica para conocer qué forma humanoide pudiera tener aquel que, sin piedad por sus semejantes, se paseó por varios aeropuertos nacionales e internacionales llevando en sus pulmones a la Bestia.
Pero no fue necesario. El trabajo sucio lo hicieron los fiscales penales de Salta, abrasados por la fiebre de transparencia y comunicación pública sin restricciones declarada hace pocos meses por el jefe de todos ellos y en virtud de la cual pueden llegar a la mesa de los fiscales las informaciones más horrorosas y dañinas para el honor, el buen nombre, la salud de las personas o la seguridad colectiva, que ellos las van a ventilar igual, porque para eso los fiscales disfrutan de un autogobierno (con autarquía financiera) y formulan «políticas públicas».
Hoy, todo el mundo ya sabe quién es el apestado; conoce su profesión, su domicilio, sus lazos familiares, su patología y el lugar en donde está o estuvo internado. La pregunta que debemos formularnos ahora es si el que hayamos conocido estos datos nos ha hecho ganar aunque más no sea una miserable batalla contra el virus o si, por el contrario, el evasivo enemigo sigue adelante, igual o peor, con sus viles designios.
Hay respuestas para todos los gustos. Lo cierto y verdad es que hoy, cuando todo el mundo debe permanecer en su casa por orden del gobierno, además de intercambiar la contraseña de Netflix, los salteños nos pasamos más o menos en secreto el nombre del apestado para maldecirlo en la intimidad de los hogares, porque a causa de él y los de su calaña es que el 99% de la población (salvo Tinelli y algún otro privilegiado) tenemos que ver las calles vacías por TV y algunos pequeños vendedores ambulantes no pueden pagar las deudas que mantienen con los «colombianos».
Lo de los fiscales es realmente curioso, puesto que pocos días antes de que se lanzaran a la caza del «paciente cero» y revelaran su identidad a través de un decreto de imputación fantasioso, como ya es su costumbre, una conocida periodista de la ciudad, bastante bien relacionada con el Ministerio Fiscal, había lanzado en las redes sociales una intensa campaña para que los comunicadores se abstuvieran de revelar los nombres de las personas enfermas, para proteger su intimidad y su autonomía como pacientes.
Se ve que en el mundo fiscal salteño las buenas intenciones terminan allí donde comienza a levantarse la egregia figura del sabelotodo local, que todos los días hace un poquito más de mérito para convertirse en el personaje imprescindible de la sociedad salteña. Justamente él no le va a hacer caso a su jefa de prensa, que tiene muchos menos estudios.
Acostumbrados a imputar a ladrones y violadores con una salud a prueba de balas, esta vez los fiscales no calcularon que estaban arremetiendo contra alguien cuyos datos personales disfrutan de una protección aun más rigurosa de la que dispensan los artículos 1 y 7 de la ley nacional 25.326. Alguien con estudios (y esto es lo que preocupa) no ha reparado en que la divulgación del nombre (o, como en este caso, los datos periféricos que permitan la identificación) de un paciente que padezca de coronavirus requiere de su consentimiento (Art. 5 de la ley 25.326).
La periodista les ha dado a los expertos en Derecho, pues, una lección inolvidable.
Por supuesto, para atajar las críticas, los fiscales argumentarán que en este caso deben primar razones de interés público en el ámbito de salud. Pero se da la casualidad de que en las circunstancias excepcionales en que vivimos, estas razones no pueden ser advertidas ni utilizadas por los fiscales. Son únicamente las administraciones públicas, bajo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública (el provincial o el federal), quienes pueden realizar un tratamiento de datos de salud sin necesidad de contar con el consentimiento de los afectados.
Esto, por supuesto, no exime al gobierno de cumplir con algunas obligaciones importantes como:
1) El cumplimiento del principio de proporcionalidad y de minimización de los datos.
2) El respeto del resto de los derechos fundamentales del afectado/interesado.
3) El establecimiento de medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de la información.
4) El derecho a conocer la información epidemiológica.
5) El respeto del derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad.
6) El principio de transparencia.
Aun después de violar todas estas obligaciones, en nombre de la salud pública, la situación en Salta no es mejor hoy de lo que lo era antes de que se conociera el nombre y la identidad del «paciente cero». Es decir, no se ha adelantado nada en la lucha contra la enfermedad y, al contrario, se ha perdido mucho en el terreno de la lucha contra la arbitrariedad de los poderes públicos en el tratamiento de los datos personales sensibles.
Este paupérrimo resultado se lo tenemos que atribuir a los que viven en cuarentena mental desde hace más de treinta años, que no solo anidan en las madrigueras fiscales, como se podría llegar a suponer, sino que también están en sitios como Orán, en donde alguien ha decidido, por su cuenta (esto es, sin consultar con la autoridad sanitaria), sacar a pasear al Señor del Milagro en una camioneta «para que la gente lo vea desde sus ventanas».
Lo dicen y lo anuncian con una pasmosa naturalidad tal como si el Señor del Milagro tuviera carnet para manejar la camioneta o, más aún, como si en Orán -donde ni siquiera hay alcohol- hubiera coches de esos que se manejan solos.
Se necesitan seres humanos de carne y hueso para hacer una «procesión sin gente» como esa. Es muy razonable pensar que el que maneja la camioneta y ese otro que blande el megáfono deben estar encerrados como todos los demás, porque el DNU que ordena la cuarentena no contempla como excepción que autoriza a salir de las casas la actividad de «pasear santos».