El gobernador Gustavo Sáenz se cuenta entre las personas que formaban parte de la legión de incrédulos que en algún momento pensó que la pandemia se detendría en el Portezuelo y que con un poco de agua bendita y tres avemarías rezados en reverencia a la Purísima Concepción, sería más que suficiente para oponerle un sonoro «vade retro» al temible coronavirus.
Al ver que países un poco más serios que el nuestro adoptaban duras medidas de confinamiento, Salta no quiso ser menos y encerró a su población durante más de tres meses sin que hubiera entonces ninguna evidencia de que el virus estaba circulando.
En todo aquel tiempo se creyó (Sáenz y sus ministros lo creyeron) que aumentando la cantidad de canas en las calles, reforzando sus facultades para dar palos a los ciudadanos desobedientes y no desobedientes y autorizándolos para imponer arrestos de hasta dos meses solo por su bonita cara, sería más que suficiente para evitar que el virus hiciera de las suyas.
Para aquellos lugares en donde la Policía es más débil o está peor organizada -como las fronteras- Sáenz pidió la intervención del Ejército, que se dice pronto.
La represión policial (encubierta bajo argumentos sanitarios) llegó al extremo de procurar la muerte civil de un diputado provincial de la oposición por haber tenido la osadía de ir a preguntar por qué la Policía retenía en el Portezuelo a su hijo que regresaba de Buenos Aires. Al final, ni el diputado ni su hijo enfermaron. Tampoco contagiaron a nadie ni pusieron en riesgo la salud de ningún salteño, como se había escrito incluso en el diario de mayor circulación de la Provincia.
Todo esto sucedió antes de que nuestro Gobernador se diera cuenta de que lo que tenía que hacer era mejorar a toda prisa la destartalada red de hospitales públicos, cuyo estado, hace solo unas cuantas semanas atrás, no tenía casi nada que envidiar a la de los países más pobres y atrasados del África subsahariana.
Ahora, después de que se han aplicado parches calientes al sistema sanitario público de Salta, la preocupación ya no consiste en sacar una mayor cantidad de policías a la calle (entre otros motivos porque muchos uniformados se han muerto a causa del virus) sino en aumentar la capacidad de atención de los hospitales.
Se sabe ahora cuántas camas hay, cuántas de ellas son de cuidados intensivos, cuáles tienen oxígeno y cuáles no, pero se desconoce todavía la cantidad de respiradores artificiales con que cuenta la sanidad pública salteña. Este es un dato que no aparece en ninguna información oficial. No es lo mismo, por supuesto, plantar un tubo de oxígeno al lado de cada cama, que tener dispositivos que permitan a los pacientes respirar cuando sus pulmones funcionan bajo mínimos.
Tampoco si sabe si Elon Musk ha atendido la súplica tuitera del ministro Dib Ashur para que Salta pudiera obtener gratuitamente los respiradores que el magnate sudafricano ofrecía a los países en los que se distribuyen los productos de Tesla.
Solo se sabe que Sáenz ha convertido la lucha contra la pandemia en un asunto médico, como debió ser desde un principio, después de que alguien (quizá esa veleidosa dama a la que llaman «realidad») haya tocado a su puerta para decirle que con porras y patrulleros no estaba consiguiendo mejor cosa que machacar las libertades y retratar a su gobierno como un agente cualificado del abuso de autoridad.
En resumen, menos canas y más camas. Poca diferencia fonética y hasta gráfica, pero -como dijo Neil Armstrong- «un gran salto para la humanidad».