La repentina elevación de 8 a 12 del número de positivos en coronavirus en territorio de la Provincia de Salta fue la que motivó el desplazamiento del gobernador Gustavo Sáenz a la ciudad de Orán y la obligada visita del mandatario al hospital local, sorprendentemente huérfano de recursos sanitarios en el momento en que más los necesita.
Fue allí precisamente en donde Sáenz prometió que «enviaría» a Orán «todo lo necesario» para atender a los enfermos de COVID-19.
La afirmación del Gobernador es sorprendente por cuanto a pocos días de que se cumplan los tres meses de las medidas adoptadas por los gobiernos para -supuestamente- velar por la salud del conjunto de la población no es posible pensar que el hospital de la segunda ciudad de la Provincia de Salta en número de habitantes no tenga lo necesario e imprescindible para atender la demanda. ¿Acaso no es razonable pensar que el hospital debió tener todo listo antes de que se detectaran estos casos?
Quiere decir que si mañana -y Dios no lo permita- aparece otro brote epidémico en Rosario de la Frontera, Sáenz acudirá también allí, como buen bombero, a prometer que va a llenar el hospital local de elementos de protección para los médicos y los enfermeros.
¿Es que el gobierno de Salta va colocando los recursos allí donde se producen los contagios y a medida que estos se producen? Si es así, haría bien el gobierno en informarlo con detalle, porque si los recursos existen, en algún lado están guardados. Y si ese lugar es la capital de la Provincia hay una grave irresponsabilidad del gobierno en la centralización de la gestión del material sanitario.
Para dar cuenta del alarmante estado de preparación de nuestros recursos sanitarios, basta con la fotografía del gerente del Hospital del Milagro de la ciudad de Salta, disfrazado de bubble boy, accionando unas manoplas de goma detrás de una pantalla de metacrilato, como si fuera Homer Simpson en la planta nuclear.
El gobierno de Salta, más que establecer controles sanitarios en las carreteras y pasos fronterizos lo que ha hecho es militarizar los controles a los desplazamientos. Con ello no ha mejorado sustantivamente la prevención contra la enfermedad (como lo demuestran los contagios en cadena de Orán) y lo que ha hecho, en el mejor de los casos, es crear una especie de mercado negro de los desplazamientos. Es un secreto a voces que en Salta hay una tarifa para quien desee desplazarse eludiendo los controles policiales y militares establecidos.
En las últimas horas se ha conocido la existencia de un «portezuelo blue» que es la ruta fantasma que permite a los automovilistas gambetear el desgraciado peaje de Aunor y penetrar en la ciudad de Salta prácticamente por el mismo camino que la religiosidad popular ha consagrado como el del martirio del General Martín Miguel de Güemes.
Mientras en el mundo entero los científicos no se ponen de acuerdo sobre la mejor forma de combatir al virus y existe más incertidumbre que certeza en relación a numerosas cuestiones médicas, en Salta la ignorancia se ha trasmutado en fuerza bruta.
Después de que el gobierno haya difundido entre la población el miedo medieval a la peste y a la vista de que son muy pocos los casos registrados (los médicos y enfermeros apenas si tienen trabajo en relación con el COVID-19), la única manera de mantener a raya a la población y seguir justificando la restricción de las libertades es con la violencia policial o con la amenaza de emplearla. El Estado democrático de Derecho se ha convertido, casi de la nada, en un Estado policial, que vela armas a la espera de un enemigo que no termina de decidirse a atacar.
La improvisación de Sáenz en el hospital de Orán nos da la medida de que, ahora mismo, para el gobierno provincial la cuestión sanitaria no es prioritaria, como lo es en cambio el control policial militarizado que parece que todo lo abarca.