Con más de quince casos confirmados en su territorio, la meningitis se ha convertido en una amenaza a salud pública que el gobierno de Salta no ha acertado, no ya a conjurar -como es obvio-, sino a comunicar eficazmente de la población de los riesgos que enfrenta.
En países de Europa, la aparición de casos de meningitis por contagio enciende de inmediato las luces rojas de alarma y promueve el despliegue de una cantidad importante de recursos sanitarios, pero al mismo tiempo obliga a los gobiernos a desarrollar campañas muy intensas y muy serias, cuyo objeto es alertar a la población de los graves riesgos de esta enfermedad que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.
A pesar de que las cifras de casos confirmados -que incluyen una muerte causada, aparentemente, por un agente patógeno diferente al meningococo- acercan la situación de la Provincia de Salta realidad del llamado «cinturón de la meningitis», en el África subsahariana, el gobierno de Salta, cuya capacidad para la lucha contra las epidemias es llamativamente limitada, ha intentado quitarle hierro al asunto, sin siquiera acometer una campaña de vacunación extraordinaria.
La OMS ha precisado que tras los excelentes resultados de la introducción de la vacuna conjugada contra los meningococos del grupo A, el número de epidemias causadas por el serogrupo A de N. meningitidis se ha reducido mucho, pero otros serogrupos meningocócicos como NmW, NmX y NmC siguen provocando epidemias, si bien con menos frecuencia y menos personas afectadas.
Pero la pasividad de la autoridad sanitaria salteña contrasta con la extensión del brote epidémico y la confirmación de que no se trata de casos episódicos o aislados. De haberse producido una situación similar en los países de la Europa comunitaria, es muy probable que los gobiernos barajaran la posibilidad de suspender las clases en las escuelas y colegios, y, eventualmente, administrar un antibiótico preventivo a los estudiantes que no hayan recibido la vacuna correspondiente.
Desde el punto de vista informativo, se echa en falta también la comunicación directa de las autoridades de las escuelas o de responsables de la salud pública con los padres de los estudiantes.
Al parecer, el gobierno justifica su inercia en que al menos la mitad de los casos son producto de infección vírica, que es mucho más venial que la bacteriana. Aun así, todas las informaciones de que se dispone hasta el momento parecen indicar que la autoridad sanitaria salteña no ha puesto en marcha los protocolos obligatorios.
No está confirmado que los responsables de epidemiología hayan tomado contacto con los directores de las escuelas o con los padres de los alumnos para pedirles que adopten las medidas que resultan aconsejables para combatir el posible foco bacteriano (por ejemplo, recomendar a los padres que acudan al pediatra para que prescribiera quimioprofilaxis a los niños, o extremar las medidas de higiene, contra la vertiente vírica).
La exasperante quietud del gobierno provincial parece no querer hacerse cargo de que esta enfermedad mata a una de cada diez personas que se contagian y deja secuelas graves en 20% de los casos.
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