El balance del curso académico 2020 no puede ser más desastroso en Salta.
Y lo más lamentable es que no toda la culpa la tiene la pandemia o la situación sanitaria. También ha influido la pobreza de la mayoría de nuestros estudiantes (especialmente niños y niñas), la débil implantación de las nuevas tecnologías (no solo la conexión a Internet), la escasa preparación de profesores y maestros para afrontar el nuevo escenario y, cómo no, las dudas y temores de un gobierno que siempre estuvo despistado.
El año está perdido, sin remedio. No solo para estudiantes y sus familias, que son las primeras víctimas de esta combinación siniestra de factores, sino también para la sociedad y la economía de Salta, puesto que ese año entero en el que se ha dejado de impartir conocimientos y se ha interrumpido de forma abrupta la socialización, no se recuperará jamás.
El futuro de Salta depende del nivel formativo, de conocimientos y de habilidades de los que hoy dependen del sistema educativo para progresar en la vida. Un año perdido en la educación representa algo así como cinco presupuestos tirados a la basura. Recuperar el terreno perdido demandará un esfuerzo extraordinario, no solo a alumnos y profesores sino también a las arcas públicas. La competitividad de la economía de Salta, que ya es marginal, lo será todavía más. El Estado será incapaz en los próximos años de absorber toda la mano de obra que el sector privado de la economía provincial rechaza.
El gobierno ha intentado cuadrar el círculo acudiendo a las enseñanza a distancia, pero se ha topado con la fría indiferencia de los estudiantes, la escasa motivación de los profesores, la precariedad de una infraescturura tecnológica y la clamorosa ausencia de herramientas específicamente diseñadas para la tele-educación. Diga lo que diga el gobierno, en Salta no ha habido una respuesta uniforme y concertada de la comunidad educativa ante la «propuesta» del gobierno de impartir contenidos a través de las computadoras. Los intentos de «revinculación» han sido infructuosos.
Si más de las tres cuartas partes de los niños de Salta son pobres y no tienen acceso a la tecnología (allí donde ella está disponible), cualquier intento de «virtualizar» la enseñanza estará abocado al fracaso.
El propio gobierno ha certificado la irregular distribución de la conectividad al suscribir ayer un convenio para hacer llegar el Internet «a los barrios populares de Salta». Es casi obligado pensar que si los barrios menos favorecidos de la primera ciudad de la Provincia (no hablamos de La Poma) carecen de acceso a Internet en condiciones aceptables, el experimento de impartir clases a través de las computadoras es y será solo una forma de profundizar las desigualdades de nuestra sociedad.
Después de copiar casi al pie de la letra las medidas adoptadas por algunos países europeos para controlar el avance de la pandemia, en Salta se ha optado por no volver a las clases en 2020. Al contrario, estudiantes en países como Francia o España han vuelto a las aulas tras la primera ola de contagios. Ninguno de los países que han decidido volver a las clases han insinuado siquiera suspender las clases durante la segunda ola, tan mortífera o quizá más que la primera. Los colegios de estos países han respondido y siguen respondiendo con un alto de nivel de organización y firmeza. ¿Por qué no en Salta?
Pero de lo que sí se ha preocupado el gobierno es de que los estudiantes de quinto año del secundario tengan su «colación de grados», y probablemente también su baile y su viaje de egresados. El hecho de que desde febrero solo hayan recibido migajas de conocimiento y a espasmos, no importa. Lo verdaderamente importante es que las chicas se calcen el vestido de noche y los chicos el traje, se coloquen la toga y el birrete y salgan a festejar alocadamente el nuevo diploma. Esto no es serio.
Probablemente un año de educación perdido no sea suficiente para frustrar a toda una generación, pero sí para dificultar aún más la superación del atraso y la pobreza estructural. La formación incompleta, los contenidos mal impartidos y peor evaluados proyectarán enormes consecuencias económicas para la sociedad salteña en su conjunto, y de ello el gobierno no parece querer hacerse cargo. Es necesario darse cuenta de esto cuanto antes y tomar las medidas necesarias para no provocar más perjuicio, ni a los estudiantes, ni a sus familias ni al conjunto del sistema socioeconómico.
El gobierno tiene, como siempre, mucho que decir. Pero también es necesario escuchar la voz de los padres, de los propios estudiantes, de las universidades y de las empresas. Hay mucho trabajo por hacer y lo que nos tememos es que aún nadie se ha animado a agarrar la pala.