El gobierno provincial ha anunciado esta mañana la publicación del Decreto 281/18, el que ha presentado como una norma que contiene «distintas medidas para fortalecer la carrera docente».
Entre las curiosidades de este montaje gubernamental se cuenta el hecho de que el referido decreto y sus medidas han sido presentadas en un acto al que han acudido los secretarios generales de los sindicatos que representan a los docentes públicos de Salta, que en este mismo momento están negociando sus condiciones de trabajo con el gobierno para el año 2018.
La comunicación del gobierno no dice nada sobre si las medidas contenidas en el decreto son fruto de la negociación. Al contrario, todo parece indicar que se trata de una concesión graciosa del Gobernador y jefe de la Administración, para congraciarse con un colectivo que suele ponerse un poco correoso a estas alturas del año.
Si entendemos por «carrera docente» el derecho que tienen estos trabajadores públicos a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en el trabajo, investigación y cumplimiento de los objetivos y funciones, tanto generales como específicas, desde luego el decreto de Urtubey no contiene ninguna medida encaminada a su fortalecimiento.
Según el gobierno, el Decreto prevé (1)la posibilidad de que en los concursos de antecedentes se priorice el lugar de origen de cada docente, (2) se revalorice el puntaje de capacitaciones gratuitas, (3) se agilicen los sumarios administrativos a un plazo de 120 días, (4) se extienda hasta el 30 de junio el límite en el que los docentes que adhieran al sistema jubilatorio puedan acceder a una bonificación extraordinaria y (5) que el gobierno preserve y resguarde a los docentes que han sufrido agresiones, prácticas discriminatorias o delitos que constituyan violencia de género.
Es decir, unas tenues medidas de blindaje, que para nada apunta al progreso individualizado de los docentes o a su desarrollo profesional, excepto quizá en lo que se refiere a la promesa de valorar de forma diferente las actividades formativas gratuitas. Todo lo demás es puro humo.
A pesar de ello, y probablemente consciente de la endeblez de las medidas anunciadas, el gobernador Juan Manuel Urtubey ha dicho con la acostumbrada pompa que «el objetivo de estas medidas es fortalecer la carrera docente, priorizando el arraigo y el desarrollo en el lugar donde eligieron vivir».
Es decir, que para el Gobernador, la movilidad geográfica no forma parte de los objetivos profesionales del docente, hasta el punto de que un maestro de Los Toldos tiene ahora todas las posibilidades de quedarse en su pueblo natal y pocas de ser maestro, por ejemplo, en la ciudad de Salta, en donde tendrán, a la vista de este Decreto, prioridad los que han nacido o residen en la capital de la Provincia.
Si el mismo criterio se aplicara, por ejemplo, a los médicos y a los policías (otros servidores del Estado con los que se suele comparar a los docentes), los cirujanos solo operarían a los pacientes cercanos «al lugar de sus afectos», mientras que los policías solo servirían en las comisarías que estén a pocas cuadras de su casa de toda la vida.
Una generalización de las demandas individuales o colectivas de «asignación a los orígenes» de los enseñantes salteños, que es precisamente lo que este decreto favorece, puede en pocos meses poner en serio riesgo la prestación del servicio y el despliegue territorial de la escuela pública, con recursos equilibrados y de calidad.
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