
La educación pública en Salta no atraviesa su mejor momento y esa es probablemente la razón de que los más altos cargos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno provincial, a excepción de la ministra, vayan a ser sometidos a una «capacitación» en cosas que se supone que saben hacer (o sabían) antes de ocupar sus cargos, que impartirá una fundación privada.
No es esta seguramente la forma en que el gobierno provincial ha presentado esta actividad, que ha sido presentada con un nombre que se las trae: “Planificar y articular, dos momentos inseparables de una gestión colaborativa y participativa”.
Se supone que en para esta tarea inseparable de planificar y articular, se sentarán en las aulas secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores y supervisores del Ministerio de Educación, quienes bajo una guía externa y privada trabajarán en algo tan excitante como la «socialización de objetivos» y con temas tan poco conocidos por los gestores públicos como los de liderazgo, trabajo en equipo, trabajo por proyectos e innovación.
Los encuentros colaborativos entre funcionarios, bajo la tutela «técnica» de la fundación privada, servirán también para que cada uno de ellos expongan las debilidades y fortalezas (no las suyas propias, sino las de cada área de gestión sustantiva), a fin de que «dinamizar el proceso educativo», que por lo que se ve arrastra una falta de dinámica más bien preocupante.
En la apertura de estos encuentros de articulación público/privada ha estado presente la ministra de Educación, señora Analía Berruezo, quien ha aprovechado el tirón para reafirmar que “son tres objetivos sobre los que trabajarán sus equipos este año: consolidación del sistema educativo, fortalecimiento institucional y formación de equipos”.
Para Berruezo, la planificación es esencial para alcanzar mejores resultados, junto con la suma de acciones, el diálogo y el consenso para mejorar la calidad educativa.
La fundación que enseñará lo que se debe hacer a unos funcionarios que deberían saber hacerlo, aun antes de ser designados en sus cargos, se ocupa de parchar los baches formativos de los directivos de las escuelas públicas, en todos los niveles y modalidades.
Según se desprende de la comunicación del gobierno, el objetivo no es tanto enseñarles a enseñar mejor, sino convertirlos en líderes y en gestores del cambio. Una tarea de gigantes, si se tiene en cuenta de que la mayoría de los directores de escuelas siguen aferrados -con la abierta complicidad del gobierno- a las prácticas religiosas compulsivas, ilegalizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y justificadas, tanto por el Gobernador como la ministra, en «prácticas ancestrales» que, por definición, constituyen la negación del cambio y la resistencia a toda innovación.