Tal parece ser que algunos de los que se consideran a sí mismos campeones de la «formación integral» de los individuos y ejemplos vivientes de las enseñanzas de Cristo son en realidad pequeños negreros, explotadores implacables y descarados acosadores disfrazados de docentes comprometidos, tanto con los pupilos como con la Santa Madre Iglesia. Al menos, esta conclusión de desprende de una rápida lectura del texto y los fundamentos del acuerdo laboral suscrito el pasado mes de abril entre el gobierno provincial de Salta, el sindicato de docente privados SADOP y la la Cámara Patronal del Consejo Provincial de Educación Católica.
Según informa el Visor Gremial de Salta, las partes signatarias han calificado este acuerdo como «histórico», porque, a partir de ahora -dicen- «los docentes privados van a poder ejercer su derecho a enseñar con toda la dignidad y respeto que tiene como personas y como profesionales de la educación que son».
A menos que haya algún error en la transcripción de esta frase, todo indica que antes del acuerdo de abril de 2016 las condiciones laborales de los trabajadores docentes al servicio de las escuelas y colegios católicos eran poco menos que indignas y estaban, cuanto menos, atravesadas por la violencia laboral.
El articulado del convenio así parece ponerlo de manifiesto, puesto que en su intento por acabar con la violencia en el trabajo, las partes precisan que la violencia laboral es aquella que proviene del ejercicio abusivo del poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su puesto de trabajo, atentando contra la dignidad e integridad psicofísica del trabajador, lo que incluye «el acoso psicológico, sexual y la agresión física de cualquier nivel que pudiera provenir: niveles jerárquicos superiores, inferiores o pares».
Lo más llamativo es que estas afirmaciones han sido suscritas por el mismísmo gobierno provincial de Salta, a través de la rúbrica del señor Alejandro Daniel Gaudelli, responsable del área del Administración y Recursos Humanos de la cartera educativa provincial. Tal parece entonces que las malas (o quizá pésimas) condiciones laborales de los docentes de los colegios católicos -algo que debería avergonzar a cualquier gobierno- eran ya cosa conocida de antes y que el gobierno, antes de la firma de este convenio, hizo poco o nada para acabar con el problema.
Llamativo es también que estas circunstancias -a las que se pretende dar solución nos referimos- se produzcan en colegios religiosos, que si bien son empresas lucrativas como cualesquiera otras y expuestas, por tanto, a los abusos de quienes solo quieren ganar más dinero, se supone que están presididas por principios y virtudes como la caridad o el amor al prójimo, que por sí solos deberían ser suficientes para evitar situaciones no deseadas de violencia laboral.
Puntos salientes del acuerdo
Según Visor Gremial, los puntos destacados del acuerdo son lo siguientes:1.- Condenar toda forma de violencia laboral, entendiendo por tal, el ejercicio abusivo del poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su puesto de trabajo, atentando contra su dignidad e integridad psicofísica. Esto incluye el acoso psicológico, sexual y la agresión física de cualquier nivel que pudiera provenir: niveles jerárquicos superiores, inferiores o pares.
2.- Impulsar acciones positivas tendientes a la difusión de la problemática a fin de prevenir la violencia laboral.
3.- Promover iniciativas en materia de asistencia técnica y capacitación. Para ello deberán recurrir para consulta y/o asesoramiento a la oficina de Asesoramiento sobre violencia laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación hasta tanto sea creada en la jurisdicción de Salta la oficina con idénticas atribuciones.
4.- Generar mecanismos dentro del ámbito del Observatorio de Relaciones Laborales y Mesa de Prevención de Conflictos, para la atención de denuncias sobre violencia laboral, que en caso de verificarse, garanticen el cese de la misma, la protección al denunciante y de corresponder al o los testigo/s.
5.- Solicitar asistencia técnica en la oficina de Asesoramiento sobre violencia laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación a fin de dilucidar, cuando la coyuntura de la negociación lo amerite, la mejor composición de intereses que pudieran estar contrapuestos y/o sustentar las decisiones y los acuerdos que se adopten con fundamentos en sólidas bases técnicas.
6.- Generar instancias de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento del presente convenio.
Firmantes
En la negociación y firma del acuerdo han intervenido, por el gobierno, el Secretario de Trabajo, señor Ramiro Chávez, y el Secretario de Estado de Administración y Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, señor Alejandro Gaudelli; por el sindicato SADOP los señores Mario Palavecino y Jorge Torres, y por la patrononal de colegios católicos el presidente de la cámara patronal que los agrupa, señor Roberto Suaina.Fuente: Visor Gremial de Salta