Salta se ha visto sacudida en las últimas horas por la noticia de que un conductor al servicio del Ministerio de Derechos Humanos, dejó encerrada en el interior de un vehículo oficial a una mujer, a la que se habría negado a entregarle 400 pesos en concepto de pago por sus servicios sexuales. El hecho en sí mismo no habría alcanzado mayor trascendencia si la presunta prestación sexual y la presunta privación de la libertad posterior no hubieran ocurrido -presuntamente también- en el interior de un vehículo oficial, destinado al servicio público.
Inmediatamente conocido el suceso, algunos medios se han lanzado con fiereza a la yugular de la Ministra de Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta, señora Marianela Cansino, a la que han señalado directamente y sin ningún tipo de atenuantes, no solo como responsable de la falta cometida por el conductor sino también de no haber brindado oportuna protección a la mujer encerrada, teniendo en cuenta su condición -también presunta- de trabajadora sexual.
La descarga de artillería sobre la ministra es evidentemente desproporcionada, pues no está de ningún modo probado, ni se puede deducir de ningún dato de la realidad, que el hecho se hubiera producido por una falta de controles adecuados, imputable a las autoridades del Ministerio.
Lo que preocupa sin embargo es que los medios que atacan directamente y sin piedad a la ministra Cansino han podido llegar a pensar que un hecho con ribetes tragicómicos como éste resulta suficiente para montar un escándalo mediático y político de grandes proporciones, y, quizá también, para derribar a una ministra.
Suceden en Salta cosas gravísimas -muchas de las cuales son responsabilidad del gobierno y de sus más altas autoridades- pero los mismos medios que hoy pretenden triturar a Cansino acostumbran a guardar silencio (o al menos no montan alrededor de aquéllos) escándalos tan sonoros y desproporcionados. La razón es muy sencilla: para denunciar y exponer las patologías sociales más graves, para identificar a sus máximos responsables y para sacudir la conciencia de los ciudadanos o la de los gobernantes hace falta un trabajo serio de estudio, de elaboración y de comunicación.
Para montar escándalos de corto alcance, la inteligencia y el estudio sobran. Son suficientes un mínimo componente de perversión sexual y un atisbo de discriminación hacia minorías desfavorecidas para que fluyan torrentes de bits envenenados y haya profesionales prestos a consumar linchamientos mediáticos sumarísimos, siempre en nombre de nuestras mejores costumbres y de nuestra más pura ética republicana.
La señora Cansino ha actuado como debía, cesando inmediatamente al conductor que había protagonizado el hecho. Ninguna obligación tenía ni tiene de salir con el corazón contrito a entonar un mea culpa por el abuso de los vehículos oficiales, pues tal abuso -que se sepa- no afecta de forma generalizada a su Ministerio.
Sobre la protección supuestamente omitida de la mujer que fue encerrada en el vehículo oficial, el Ministerio de Derechos Humanos -que mucho puede hacer para que la prostitución no sea una actividad marginal e indigna- no puede de ningún modo actuar como agente de cobro compulsivo de deudas sexuales en metálico. Ese no es su papel.
Tampoco está obligado el Ministerio a emitir una declaración oficial sobre la situación general de la prostitución en Salta por un incidente aislado, aunque sería lógico que sus funcionarios contribuyeran a la investigación policial del hecho, siempre que la afectada hubiera presentado la correspondiente denuncia ante la autoridad, cosa que hasta el momento no consta que haya hecho.
El escándalo por el escándalo mismo es un recurso periodístico fácil y éticamente incompatible con las normas deontológicas de la profesión. No debe ser aplaudido de ningún modo, por más que las antipatías políticas coyunturales o las inquinas personales inclinen a algunas personas a hacerlo.