La noticia de esta ‘entrega’ ha sido titulada así: «El Gobierno beneficiará a escuelas inclusivas para proyectos pedagógicos y de acondicionamiento edilicio».
La pregunta que se deben formular los salteños es la siguiente: ¿Se trata de una ‘entrega’ o de una transferencia de recursos prevista en el presupuesto provincial?
Las diferencias no son pocas entre ambos actos. Si se trata de una «entrega», el dinero ha salido del bolsillo del Gobernador de la Provincia, de la Ministra de Educación o de algún alma generosa de esas que acostumbran a pasar por allí. Ningún gobierno 'entrega' a las oficinas o servicios que de él dependen aquello que está obligado a proporcionarles, sino precisamente aquello a lo que no está obligado, como por ejemplo una cantidad de dinero aportada por un sujeto no gubernamental.
Si se trata de una transferencia de recursos presupuestarios (sea que el dinero provenga de partidas específicas o de los fondos reservados que manejan los funcionarios), no cabe de ningún modo hablar de «entrega» sino de un acto administrativo cuyo otorgamiento se encuentra previsto en la ley y sin el cual el gobierno (y sus funcionarios) incurren en incumplimiento de sus deberes.
Hacer una noticia de la regularidad administrativa es francamente perverso.
El gobierno, con dinero público, puede «beneficiar» a determinadas personas (otorgándoles, por ejemplo, un subsidio, una exención tributaria o una prestación dineraria), siempre con arreglo a la ley y atendiendo a las diferencias que justifican el tratamiento diferente, pues es la ley la que establece las condiciones de acceso a tales beneficios, pero no puede beneficiar a escuelas públicas, ya que, por definición, las escuelas del Estado deben recibir el mismo tratamiento presupuestario en cualquier circunstancia.
Si el gobierno llegara a hacer algún excepción en esta materia y tal excepción fuese legalmente permitida, la inyección extraordinaria o desigual de dinero público solo puede tener carácter de «compensación», pero nunca de «beneficio».
Hablar de «beneficio» cuando a cada escuela le corresponden unos 300.000 pesos (un poco más de 7.000 euros) para proyectos pedagógicos y arreglos en los edificios, es casi un insulto a sus docentes y a sus alumnos.