El gobierno provincial de Salta ha presentado un manual que resume las actuaciones previstas por los servicios sanitarios públicos en materia de salud mental, para casos de emergencias y desastres.
Según la información oficial, el protocolo ha sido elaborado de forma conjunta por técnicos del gobierno, agentes del SAMEC, la brigada USAR Salta, Cruz Roja Argentina filial Salta, expertos municipales, hospitales y residencias interdisciplinarias en salud mental.
El protocolo, que será de aplicación obligatoria por parte de los servicios públicos competentes en materia de emergencias y desastres, constituye -según el gobierno- «un modelo integral que establece técnicas y procedimientos de prevención, abordaje y sostenimiento para brindar respuestas específicas a personas en situaciones concretas, desarrollando un trabajo en equipo e interdisciplinario».
Contrariando el espíritu de la norma y limitando considerable su ámbito de actuación, el ministro de salud del gobierno, señor Roque Mascarello, ha hablado solo de «fenómenos naturales», dejando fuera a todas aquellas situaciones de alarma pública o a los desastres provocados por causas que no están relacionadas con la naturaleza y que en todo el mundo son atendidas por los mismos servicios públicos.
No obstante este particular enfoque, el gobierno dice que su manual prevé actividades previas, simultáneas y posteriores a un evento, lo que se traduce en acciones preventivas de formación y capacitación para equipos de salud y otras instituciones, tendentes a minimizar los impactos. Así también se prevén actividades de respuesta inmediata como asistencia y primeros auxilios psicológicos a las personas afectadas y atención de las reacciones emocionales intensas para prevenir trastornos más graves a mediano y largo plazo.
Como objetivo general, el nuevo instrumento se propone poner en funcionamiento una comisión provincial de salud mental, integrada por «representantes de todas las instituciones intervinientes y referentes de las áreas sanitarias», así como fortalecer la capacidad de los equipos de salud.
El protocolo -dice el gobierno- apunta a un «abordaje integral» de la población afectada, en la que se incluye al personal que intervenga en un evento, bajo el concepto de «cuidar de aquellos que nos cuidan».
La controversia
En el capítulo menos acertado del protocolo, se prevén «pautas de actuación» (se supone que igualmente obligatorias) para los medios de comunicación, que ven así recortada su libertad de informar, en beneficio de criterios establecidos de antemano por el gobierno, con el fin -dicen- de hacer «una cobertura periodística responsable de los hechos».El hecho de que el gobierno se arrogue la potestad de decidir cuándo una información periodística es reponsable y cuándo no lo es, supone un avance inadmisible de los poderes públicos sobre un área de competencia reservada a los informadores públicos en ejercicio de su autonomía.
Se desconoce por el momento cuáles puedan ser las consecuencias jurídicas de la inobservancia, por parte de los medios, de estas «pautas».
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