El hecho de que en Salta no se acostumbre a reflexionar ni a debatir sobre los límites y los excesos de la comunicación pública no es razón suficiente para renunciar al empeño de analizar desapasionadamente el uso que algunos medios hacen de los recursos que tienen a su disposición para informar. La reciente agresión sufrida por el periodista Martín Grande Durand a manos -presuntamente- del hijo de un diputado provincial en ejercicio ha sido ilustrada, en la mayoría de los medios consultados, por una foto en la que el periodista aparece desfigurado, en estado de shock y con su camisa blanca visiblemente manchada de sangre.
Es muy probable que el mismo periodista haya consentido que esa fotografía suya tan poco favorecedora fuese difundida a los medios, como una forma -quizá- de dar a conocer de forma inmediata la brutalidad de la agresión que acababa de sufrir. Pero ya se sabe que el consentimiento del interesado, si bien evita las consecuencias civiles y penales de la utilización de su imagen, no releva a los medios de su obligación ética de no recurrir a imágenes innecesariamente hirientes para ilustrar una noticia que podría, seguramente, haberse ilustrado con una foto menos violenta.
Al periodista lesionado le bastaba también -para dar la medida de la gravedad de la agresión sufrida- con emitir un comunicado contundente o compartir las principales menciones de un certificado médico, lo que le podría haber llevado algo de tiempo, pero que podría haber evitado a los lectores la desagradable impresión que causó la foto que le tomaron y que salió en casi todos los medios.
Quienes han utilizado la foto con la intención de provocar pena y generar corrientes de simpatía hacia el agredido, no saben o no se dan cuenta que en Salta las hazañas pugilísticas -sea las que se logran en buena lid o sea aquellas que se producen de forma cobarde- son aplaudidas por una porción significativa de la sociedad, que entiende que «entre hombres» las disputas deben componerse de ese modo tan salvaje.
La foto del agresor
Tampoco había necesidad de fotografiar al presunto agresor, esposado, mientras era trasladado por la Policía. La imagen de un ciudadano esposado, sin condena, es vejatoria por sí sola y su publicación debería ser evitada, incluso cuando el mismo ciudadano comparece a juicio y debe permanecer en la sala con las esposas en las muñecas.Los presuntos inocentes deben ser tratados como tales, aun en los casos en que las pruebas de su culpabilidad sean abrumadoras en su contra. Se llame Sebastián Ramos o se llame Milagro Sala. Nadie tiene derecho a exhibir una imagen humillante de una persona sometida a proceso penal, mientras no exista una sentencia judicial firme y de contenido condenatorio.
Permitir a los medios de comunicación adelantar condenas y destruir las reputaciones de las personas antes de que se hayan pronunciado los tribunales de justicia sobre su culpabilidad o su inocencia es tan bárbaro y tan salvaje como interceptar a un periodista en una estación de servicio y desfigurarlo a puñetazos.
Solo en las sociedades menos evolucionadas y en las que se respeta menos los derechos de las personas suceden cosas como estas.