El gobierno nacional ha adoptado la feísima costumbre de confundirse con el Estado. Y un hábito aún más pernicioso: el de hacer creer a los ciudadanos que ellos no forman parte del Estado; que el Estado es algo lejano, distante y móvil. La distinción entre Estado y gobierno no es de las más sofisticadas de la teoría política. Es sencilla, fácil de explicar y, además, fundamental para la vida política. Es incomprensible, por no decir sospechoso, que un gobierno formado por muchos teóricos de la política aliente esta confusión.
Así por ejemplo, es un error llamar a un programa de gobierno «El Estado en tu barrio», ya que los barrios (el territorio) y las personas que los habitan (la población) son elementos del Estado. No son de ningún modo ajenos a él; no hay barrio que no forme parte del Estado, así como no hay Estado que se instale y se desinstale en su propio territorio.
Cuando el gobierno decide llevar a sus funcionarios a los barrios y permite que sus residentes realicen trámites sin desplazarse hacia las oficinas públicas, no es el Estado el que acude a los barrios, sino la Administración, que es otro ente político muy bien diferenciado, especialmente del gobierno.
Enfrentar de forma dicotómica al Estado con los ciudadanos no solo es una incorrección conceptual: comporta sustraer al ciudadano su esencia. Supone ver al Estado allá (generalmente muy lejos o muy arriba) y al ciudadano a ras del suelo. Es una estrategia perversa.
Soluciones puerta a puerta
Sacar las oficinas a los barrios suena muy bonito, pero esconde una realidad difícil de negar: que el gobierno, en su forma normal de operar, es incapaz de solucionar los problemas que afectan a los grupos humanos.La atomización de las políticas sociales, las soluciones a medida, son expresivas del fracaso de las políticas generales y rompen la igualdad de los ciudadanos frente a la ley.
Cuando el «Estado» llega a un barrio con «soluciones», es porque muchos otros barrios y habitantes de estos se quedan sin respuesta.
La igualdad requiere de procedimientos abstractos y despersonalizados. Hacen falta formulaciones de planes generales, adaptables a los diferentes territorios, pero respetuosos de los derechos de todos, cualquiera sea el lugar de su residencia.
Los gobiernos son eficientes cuando con políticas generales son capaces de solucionar los problemas. De otro modo, los gobiernos se convierten en meras ONG, en entidades de «bien público», especialistas en asistencialismo a la carta, en discriminaciones positivas y demagogias dosificadas.