Puede que Carlos Teófilo Parodi sea la reencarnación anoréxica de Juan XXIII, pero en relación a sus actos, públicos y privados, los ciudadanos tienen todo el derecho a dudar de las «transparencias» que declama el aparato del gobierno y pensar que detrás del funcionario se esconde un personaje sádico, un malvado transgresor de las normas políticas y sociales, un falsificador de la realidad. La razón de esta creencia es muy simple: los encargados de la comunicación oficial (los que deben decir a los ciudadanos la verdad de lo que pasa) están formados para la comunicación ideológica, que es bastante diferente a la comunicación política, por cuanto esta última comprende exclusivamente la transmisión de hechos y fenómenos de la política, mientras que la primera se extiende a la comunicación social, la familiar, la pedagógica, la formativa y la religiosa. Su tarea no es servir a los ciudadanos, poniendo a estos en contacto con los asuntos públicos, sino ocuparse de toda aquella comunicación que transmite ideas, interpretaciones de la realidad y valores.
Difícil será pues que con estos mimbres, quienes se ocupan de la comunicación oficial del gobierno de Salta puedan dar la talla en un mundo en el que las demandas ciudadanas de transparencia se han convertido en un escollo mayúsculo para los gobernantes.
Pero no se trata de un error o de un desfase político. La naturaleza de esta falta de adecuación a la realidad y de la emergencia de esta especie de «comunicación militante» es la naturaleza y el carácter de la formación que estos comunicadores han recibido en sus universidades. Una formación -digámoslo claro- que echa sus raíces en otro siglo.
La tentación de abarcarlo todo y penetrar hasta los rincones más minúsculos de la vida social con su mensaje sesgado no solo es característica de los sistemas goebbelianos, sino también consecuencia de la vocación «integral» de ciertas formaciones, que recelan de los valores cívicos para centrarse -supuestamente- en los espirituales.
La comunicación integral conduce de un modo inconsciente, pero inexorable, a la adecuación de la realidad a los propios deseos, o lo que es lo mismo, a la mentira.
Y la mentira tiene un efecto inmediato: la pérdida de credibilidad de quien emite el mensaje. En democracia, y más en estos tiempos, es suficiente con haber mentido una sola vez para que el ciudadano crea que también son mentiras las mil verdades que se puedan propalar en adelante.
La aparición de Wikileaks y fenómenos como los Papeles de Panamá hablan a las claras del fracaso de la formación tradicional de los comunicadores. Si estos sucesos nos permiten advertir que solo unos pocos periodistas son sinceros e independientes, ¿por qué creer en la neutralidad y la transparencia de unos señores que reciben un sueldo del gobierno para fabricar realidades a la carta?
Los ciudadanos tienen razones bastante poderosas para no ver en estos escribientes a profesionales de la prensa sino a comisarios del gobierno, condenados a morir bajo el peso inexorable de la realidad. Pero aquellos se empeñan en seguir tratando a los periodistas independientes como «colegas».
A los ciudadanos, a los que consumen, pero que cada vez más producen información, en ejercicio de sus derechos fundamentales (por ejemplo, el de la libertad de expresión), les cuesta creer que entre las filas de los empleados del gobierno haya algún Julian Assange o un Bradley Manning.
La comunicación ideológica gubernamental también echa mano de los blogs, las redes sociales, las radios on line, los boletines electrónicos, los podcasts o el activismo en los diarios digitales, pero los ciudadanos les están ganando ampliamente la batalla, en todos los terrenos, pues cada vez son más y mejor informados aquellos que utilizan las nuevas tecnologías para descubrir lo que los malos periodistas callan; por interés, por desidia o por falta de inteligencia.