Según la información oficial suministrada tras el encuentro, Abel Cornejo volvió a cargar contra la Policía de la Provincia, a la que responsabiliza de no haber actuado de forma diligente tras recibir la llamada de la víctima solicitando auxilio.
Para Cornejo, la tardanza de la Policía en prestar el auxilio requerido fue la que en definitiva facilitó el asesinato de Sulca, aunque los agentes se defienden diciendo que tras la llamada acudieron inmediatamente al lugar pero que no pudieron acceder a la vivienda puesto que no concurrían en ese momento los requisitos legales para un allanamiento sin orden previstos en el artículo 303.d) del Código Procesal Penal salteño.
Cornejo sostuvo ante los senadores provinciales que el servicio policial del 911 tiene «un déficit operativo muy grande» y pidió que se estudie «como se trabaja en otros países». Sin embargo, sin esperar a que se realicen estos estudios, dijo que es preciso plantearse ahora «si es necesario que el 911 esté bajo la supervisión de la Policía o si es mejor que funcione como un sistema de emergencia integral».
Lo que probablemente no sepa el Procurador General es que en los países en los que existe un número único (por ejemplo, el 112 en territorio de la Unión Europea), las llamadas que son dirigidas a este número, que integra a todos los cuerpos de rescate, cuerpos policiales y cuerpos de cualquier otro tipo en situaciones de emergencia y catástrofe, son redirigidas instantáneamente a los teléfonos de la Policía, bomberos, ambulancias, etc. Es decir, que aunque la docente asesinada hubiera llamado a un «sistema de emergencia integral», como el que propone el señor Cornejo, inmediatamente le habían comunicado con el teléfono de la Policía.
La propuesta de Cornejo de quitar al 911 de la órbita competencial de la Policía de la Provincia se enmarca en una ofensiva bastante consistente que tiene por objetivo eliminar la intervención policial en la prevención y persecución de los delitos. Hace poco, la presencia del Procurador General en una «gira de inspección» en un supermercado, junto al Gobernador de la Provincia, revela sin esfuerzo que los fiscales quieren sustituir a los policías, no solo en la represión de los delitos, sino también en su evitación.
Hace algún tiempo atrás, los fiscales también desplazaron a la Policía de investigación de los crímenes, primero con la creación de un cuerpo fiscal especializado y un poco más tarde con la atribución a este cuerpo del monopolio de la investigación científica en materia criminal, reforma que ha sido cuestionada duramente por penalistas y criminólogos.
Si esta embestida de los fiscales contra la Policía continúa, pronto, a los 14.000 agentes que la componen, le serán asignadas misiones críticas como ir a sujetar la soga al monumento durante los desfiles patrios, cachear a los hinchas que entran a la cancha, o llevar y traer papeles entre oficinas, actividades que sin dudas atraparían también el interés de los fiscales, si las consideraran intelectualmente a su altura.
Todo ello, sin contar con que una comisión integrada por tres fiscales varones (Paz, Córdoba Mazuranic y Ramos Ossorio) han abierto una investigación penal por presunto maltrato laboral contra la Jefa de Policía, Norma Morales, la primera mujer al frente de ese cuerpo de seguridad que tiene casi 200 años de historia.