Cuenta la leyenda que, desde el sillón de la fundación que llevó su ilustre nombre, Eva Perón era implacable con los empresarios y las personas adineradas. No se salvaban ni los peronistas pudientes, como aquel famoso legislador nacional por Salta que acudía frecuentemente a las reuniones convocadas por «la señora» y que había adquirido el hábito de llevar consigo dos billeteras: una personal, bien provista como siempre, y otra «más ligera» para enseñarle a Evita en caso de que ella lo pidiera.
Algún malvado, de esos que nunca faltan en los ambientes políticos, le advirtió a la jefa del ingenioso truco del político salteño, de modo que a la siguiente vez que le tocó pedirle el óbolo reglamentario, cuando el veterano legislador sacó su billetera pobre, Evita le dijo: «Gracias doctor, ahora deme lo que tenga en la otra billetera».
Por aquella época, la expresión responsabilidad social empresarial no se utilizaba. Comenzó a usarse en los años 60 para llamar a una forma de autorregulación corporativa integrada en el modelo de negocio con el objeto de incorporar, sobre una base voluntaria, las preocupaciones sociales, medioambientales y económicas tanto en sus actividades cotidianas como en sus interacciones con otras partes interesadas.
Normalmente, lo que la RSE persigue es monitorizar y asegurar la conformidad de la actividad de la empresa con el espíritu de la ley, los estándares éticos y las normas nacionales e internacionales para contribuir al mejoramiento social.
Demás está decir que esta preocupación empresarial funciona mucho mejor en el contexto de una economía de libre mercado y se lleva bastante mal con la interferencia del Estado.
Por eso, no existe responsabilidad social corporativa sino una Fundación Eva Perón cuando es el Estado el que dirige las acciones responsables de las empresas y el que decide cuándo y cómo realizar estas acciones.
Desde luego, tampoco hay RSE cuando los políticos «aprietan» a las empresas para que construyan jardines, instalen rampas para discapacitados o regalen sillas de ruedas, muletas o anteojos.
Cuando se producen situaciones como éstas, la falta moral no es tanto de los políticos -al fin y al cabo Eva Perón estaba en su derecho de pedir- sino de las empresas que se hacen pasar por socialmente responsables cuando lo único que hacen es ceder al chantaje político.
Tener un «departamento» de responsabilidad social empresarial para regalar caramelos duros, tal como se hacía antaño, es síntoma de una grave irresponsabilidad social. Que una administración pública tenga una oficina con rango de Dirección General dedicada a la responsabilidad social empresaria comporta no solo una inadmisible interferencia en la libertad y en la autodeterminación de las empresas, sino que también revela una grave disfuncionalidad del sistema productivo.
En otras palabras, cuando es el Estado el que organiza la responsabilidad social de las empresas, todo el edificio teórico se viene abajo y la contribución de las corporaciones al mejoramiento social pierde su carácter voluntario y se convierte en un tributo.
Estas son cosas que pasan cuando el mercado no existe y los empresarios se engañan a sí mismos pensando que sí existe, cuando en realidad no son más que clientes del Estado y sus empresas necesitan de éste para poder sobrevivir.