El grave conflicto de convivencia que plantea el comercio informal callejero en la ciudad de Salta ha puesto en entredicho, otra vez, la eficiencia de las autoridades municipales legalmente constituidas para imponer la ley. Como ya sucedió con los carreros, los empanaderos, los milaneseros y otros colectivos rebeldes, la Municipalidad y sus mecanismos de coerción -incluido el temible Tribunal Administrativo de Faltas- se han revelado insuficientes para poner en vereda a gente que, precisamente, ocupa la vereda pero con otras pretensiones.
A la impotencia oficial frente al creciente nivel de anomia (ausencia de ley) se suma el incremento de la anosmia (pérdida completa del olfato) de los funcionarios que, como no saben para dónde disparar, abusan de herramientas como los «relevamientos» (la contabilidad a ojo de los infractores) y los «padrones» (censos compulsivos de personas que no desean aparecer en ningún registro).
Es decir que cuando los salteños leen que alguien propone hacer padrones de algún colectivo, es porque las soluciones reales no aparecen.
Es verdad que un recuento de manteros, carreros y empanaderos contribuye a tener una idea más o menos aproximada de la extensión cuantitativa del fenómeno, pero esta aproximación cognitiva no sirve para nada si a continuación no se ponen en marcha políticas destinadas a asegurar que cada cual cumpla con las obligaciones que le corresponden.
De nada sirve conocer quiénes son, dónde viven y qué tipo de objeto comercializan los manteros, si al mismo tiempo no hay formas legales y no represivas de persuadirlos para que cumplan con la normativa fiscal, medioambiental y urbanística. El fracaso en este punto es total.
Pongamos como ejemplo la minuciosa contabilidad oficial de casos de violencia de género, que no ha hecho retroceder el fenómeno, sino, al contrario, que los ciudadanos percibamos que el problema es cada vez más grave e incontrolable.
Los «relevamientos» en estos casos son tan inútiles y costosas como aquellas políticas criminalísticas que se plantean como objetivo a tener censados a todos los delincuentes del territorio. Es algo imposible, incluso desde el punto de vista técnico, pues la transgresión de las normas no tiene umbrales de entrada y quien hoy está fuera mañana puede entrar al circuito informal, haciendo estallar los recuentos oficiales.
El gobierno, provincial y municipal, carece de incentivos fiscales para este tipo de comerciantes. Tampoco tiene una política flexible de habilitaciones para establecimientos pequeños en función de su facturación o del número de empleados. Para los infractores siempre será mejor la fiscalidad cero que le proporciona la ilegalidad, pero tampoco las autoridades aciertan a convencerlos de que a la larga la transgresión les va a salir más cara que la observancia de una legalidad mínima y acorde con la dimensión de sus negocios.